Una educación especial e integradora
Padres y docentes de niños con discapacidad intelectual valoran la labor que realizan los colegios especializados
En 2005, Francia aprobó una ley para priorizar la escolarización de los alumnos con discapacidad intelectual en la educación ordinaria. Quince años después, en octubre, el diario Le Parisien ponía rostro a la situación de muchas familias que se han visto obligadas a matricular a sus hijos en Bélgica por la falta de estructuras adecuadas para niños con autismo en su país.
En España, el proyecto de ley para una nueva reforma educativa ha suscitado el temor a que pueda ocurrir aquí algo parecido. La ministra de Educación, Isabel Celaá, lo ha negado con “rotundidad”, pero muchos padres creen que el objetivo es acabar con los colegios especializados. La plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, formada por personas con discapacidad intelectual, familiares y docentes, celebró una manifestación en febrero de 2019 exigiendo la eliminación de la disposición cuarta de la conocida como Ley Celaá.
La citada disposición establece que en diez años “el Gobierno, con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad”. Añade que esas administraciones “prestarán el apoyo necesario a los centros de Educación Especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los ordinarios”.
El texto no expresa el cierre de instalaciones pero la plataforma interpreta que limitar esos centros “únicamente” a quienes requieran una atención muy especializada supondrá en la práctica eliminar la mayoría “arbitrariamente”. “No hablan de cierre porque sería muy brusco pero hay muchas maneras de cerrar. Puedes no derivar a niños, no destinar recursos y asfixiarlos… puedes hacerlo de forma activa o pasiva. El informe de la ONU insta a incidir en la valoración psicopedagógica que se realiza a estos niños para ya en esa valoración no derivarlos”, alerta una maestra con veinte años de carrera, la mitad dando apoyo a niños en centros ordinarios y la otra mitad en centros específicos.
El informe de Naciones Unidas fue elaborado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2017. En él se advierte de que “la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación”.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) exige la implantación de un único modelo en el que sea escolarizado todo el alumnado con discapacidad, “una obligación legal de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad [ratificada por España] y que la legislación educativa española recoge casi como un brindis al sol”. El comité aclara que no busca “liquidar ninguna estructura educativa que aporte valor a la educación de las personas con discapacidad” y que no se trata de desaprovechar el “enorme talento” de los centros específicos y sus profesionales, sino de que contribuyan con su “enorme experiencia” al sistema inclusivo.
“Para nuestros chicos la comprensión social es un hándicap muy importante. Hay niños que en un entorno ordinario no entienden qué ocurre, no toleran el ruido, la rapidez... y eso les genera frustración», concreta Ana Cogolludo, orientadora en Aucavi Sur, un centro concertado especializado en el trastorno del espectro autista que impulsa la integración de sus alumnos en función de sus posibilidades. “Pasamos poco tiempo en clase. Abogamos por la inclusión según las características de cada uno, que desarrollen habilidades que favorezcan su integración en la sociedad teniendo en cuenta sus recursos y sus debilidades”, añade.
Esa atención individualizada y la formación del profesorado son otras de las fortalezas que se exponen en la defensa de los centros de Educación Especial, donde el número de alumnos por aula ronda los cinco y donde los profesionales deben atender todas sus necesidades, desde las curriculares a las médicas pasando por las fisiológicas. Actualmente las escuelas ordinarias no están preparadas para abordar esos requerimientos y se duda de que se pudiesen destinar los recursos necesarios para dotarlas suficientemente. El proyecto de ley en debate carece de memoria presupuestaria en un contexto que se complica a raíz de la crisis generada por el coronavirus.
La plataforma de las familias de los alumnos teme una eliminación de centros