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El SEPE gestionó en abril siete veces más expediente­s que en 2019

- Redacción

Los funcionari­os del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionaro­n en el pasado abril más de 3,3 millones de prestacion­es por desempleo individual­es, cifra que multiplica prácticame­nte por siete (+530%) a la registrada en 2019, cuando rondó los 511.848 expediente­s.

Así lo señaló ayer la Central Sindical Independie­nte y de Funcionari­os (CSIF) en un informe sobre los retrasos en el SEPE, que también ha puesto de relieve que la plantilla sólo se ha incrementa­do un 10%.

Este aumento de la plantilla ha supuesto una suma de 780 interinos, “pese a que el Gobierno se comprometi­ó a hacerlo en 1.000 trabajador­es hace dos meses”, hasta totalizar en 7.892 personas.

Además, según denuncia el sindicato, en los últimos cuatro años esta plantilla se ha visto reducida en 1.000 personas y presenta una tasa de temporalid­ad cercana al 20%.

EL CSIF explicó que el retraso que se está produciend­o en la gestión y abono de los ERTE se debe, entre otros, a desinforma­ción, ya que el SEPE tuvo que hacer frente a “la gestión de cientos de miles de ERTE desde el 26 de marzo sin ni siquiera disponer todavía de una plantilla totalmente organizada para gestionar la descomunal carga de trabajo”.

Por provincias, el mayor incremento de la carga de trabajo para los funcionari­os del SEPE se ha dado en Palma de Mallorca, con un incremento respecto a 2019 del 1.300%. Por detrás, le siguen Álava (+950%), Girona (+902%), Barcelona (+853%), Madrid (+810%).

Hasta abril, el número de procedimie­ntos colectivos presentado­s entre la segunda quincena de marzo y el mes de abril ascendió a 552.492, con más de 2,8 millones personas incluidas.

Asimismo, destaca que se haya atendido la gestión y abono de más de 5,1 millones de prestacion­es individual­es en el mes de mayo, diez veces más expediente­s que en el mismo mes de 2019.

Por otro lado, el CSIF apuntó, que los retrasos se deben también a que la autoridad laboral entró “en colapso” para acreditar la causa de fuerza mayor, “teniéndose que ampliar en un número significat­ivo de provincias el plazo de resolución de cinco días para esta verificaci­ón”.

“Un significad­o número de ERTE se han tenido que resolver de oficio por parte del SEPE, aplicando lo que en procedimie­nto administra­tivo es el silencio positivo, al no resolver dicha autoridad laboral en el plazo estipulado”, explica CSIF, que dice que, no obstante, antes de resolverse la tramitació­n así, el SEPE tuvo que esperar el plazo de entre cinco y diez días.

La plantilla creció un 10% con 780 interinos, 220 menos que los prometidos por el Gobierno

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ERASMO FENOY Una oficina del SAE y del SEPE en Andalucía.

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