La Justicia cierra la causa por el acoso sexual a temporeras
El empresario denunciado no descarta emprender acciones legales por la “persecución y la campaña de difamación” que asegura haber sufrido durante los dos últimos años
Caso cerrado. La Sección Tercera de la Audiencia de Huelva ha cerrado definitivamente la investigación de la denuncia presentada por cuatro temporeras marroquíes por supuestos acosos y abusos sexuales de un empresario agrícola de Almonte, confirmando de esta forma la decisión de archivar la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado, que concluyó que de la investigación practicada no había quedado “debidamente justificada” la perpetración de los delitos denunciados.
Tras el archivo definitivo, el abogado penalista Francisco Baena Bocanegra, que representa al empresario investigado, ha señalado que en este momento no descarta que el empresario vaya a “iniciar el ejercicio de acciones contra todos los responsables de la persecución de que ha sido objeto, en la que no sólo se han denunciado hechos falsos, sino que partiendo de todo ello han sufrido una campaña de difamación, descrédito y ataque al honor, que además de los gravísimos daños morales soportados, les ha ocasionado gravísimos y cuantiosos perjuicios materiales”.
La investigación fue archivada en dos ocasiones por el juez de La Palma (en diciembre de 2018 y en octubre 2019), después de que la misma Sección que ahora ha archivado definitivamente la causa ordenara la reapertura para que el instructor tomara declaración como perjudicadas a las temporeras, la cual se debía llevar a cabo mediante videoconferencia. Sin embargo, ninguna de las mujeres compareció a esta citación, por lo que el juez volvió a acordar el archivo.
En su resolución, el instructor puso de manifiesto que, “de lo actuado, no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, y además consideró que “a la vista de todo lo anterior, parece evidente la intención meramente dilatoria de las denunciantes, y la inexistencia de voluntad de colaborar con la Administración de Justicia, suponiendo un gasto innecesario en medios materiales y personales”. Asimismo, consideró el magistrado que, “por la defensa de las denunciantes, se está haciendo un uso torticero y abusivo de los recursos que la ley ofrece a los presuntos perjudicados por un delito”.
Tras este segundo archivo, la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva acordó en febrero pasado el sobreseimiento de la causa, confirmando la decisión del instructor, pero la defensa solicitó una “aclaración” del auto, a la que se opusieron tanto la representación del empresario como la Fiscalía.
El tribunal ha rechazado esa aclaración porque entiende que la misma no va encaminada a enmendar algún error apreciado en el auto o a que se explicita algún extremo que no resulte inteligible. “Lo que pretende el apelante es que la Sala se pronuncie sobre determinas diligencias de prueba que interesó, lo cual no es procedente puesto que se confirma el sobreseimiento, o que se especifique si el ingreso hospitalario de las denunciantes ha tenido alguna trascendencia en lo resuelto, en este sentido sí podemos afirmar que ninguna”, aseveran los magistrados de la Audiencia.
A lo largo de la investigación, el abogado Francisco Baena Bocanegra había alegado precisamente que la denuncia de las trabajadoras marroquíes no había quedado acreditada y se trataba de una “maniobra” para evitar su expulsión de España una vez finalizados los contratos de trabajo.
Tras la petición de aclaración, Bocanegra presentó unas alegaciones en las que criticó “la práctica desleal y en fraude de ley que la representación legal de las denunciantes sistemáticamente viene desarrollando desde el inicio de la causa frente a cualquier resolución que cuestione sus pretensiones, consistente en presentar escrito (con idéntica plantilla) en solicitud de lo que denomina aclaración/complemento de lo resuelto, y seguidamente tras su desestimación lógica por no tener que aclarar nada, se formula recurso gozando para ello de un plazo añadido muy superior al legalmente determinado”.
Con esta “maniobra”, ha añadido el letrado del empresario, se dilata la causa y mediante este “fraude de ley” se obtiene en la mayoría de los supuestos un plazo extraordinario para recurrir, con los “correlativos efectos de vulneración del principio de igualdad de armas y el derecho al juicio justo y con todas las garantías”.
Esta forma de actuar, prosigue el abogado, se viene produciendo en buena parte debido a un “generoso entendimiento del derecho de defensa y del principio pro actione por los jueces concedidos en este proceso que sobradamente vienen dando un ejemplo de paciencia y tolerancia con tan inadmisibles prácticas procesales”. Una tolerancia judicial que “respetamos pero que a todas luces excede de los límites de protección del derecho de defensa y cuyos lamentables resultados a la vista están: ambas causas se han convertido en un saco sin fondo de peticiones infundadas de aclaración/subsanación y/o complemento de invenciones peregrinas, así como de recursos extenuantes que repiten cansinamente argumentos ya manoseados en escritos anteriores, que únicamente persiguen dilatar la causa, impedir su clausura y evitar la respuesta en Derecho de quienes sufren y padecen tan censurables prácticas”, concluye Baena Bocanegra.
Los hechos se destaparon como consecuencia de una visita que el entonces diputado Diego Cañamero y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) realizaron a una finca agrícola en Almonte el 3 de junio de 2018, en la que una marroquí embarazada les comentó, entre sollozos, que quería denunciar al dueño de la finca porque le había realizado en numerosas ocasiones insinuaciones para mantener relaciones sexuales. Al mismo tiempo aparecieron otras tres temporeras, también marroquíes, que querían denunciar los mismo hechos.
Una de estas mujeres denunció en su declaración ante la Guardia Civil que el empresario le realizó tocamientos en sus genitales y en los pechos, mientras que las otras afirmaron que el investigado le había efectuado insinuaciones para que mantuvieran relaciones sexuales pagándoles a cambio cinco o cincuenta euros, añadiendo que estos hechos sucedían porque el empresario conocía perfectamente la necesidad y falta de dinero de estas trabajadoras. Una de ellas manifestó incluso que el empresario le había propuesto “hacer fr iqui, friqui” (sic) y ofreciéndole a cambio pagarle 50 euros.
Las temporeras no atendieron la citación del juez para declarar mediante videollamada
El instructor y la acusación apreciaron actuaciones “dilatorias” por los denunciantes