Reactivación, no reconstrucción, y atención al gasto público
● Hay un doble impacto por esta crisis, sanitario y económico, pero éste es más preocupante porque durará varios años después de que se haya controlado la pandemia
NO comprendo bien por qué estamos utilizando la palabra “reconstrucción” cuando no hay nada que reconstruir, más allá de la confianza en el Gobierno, puesto que todos los activos físicos públicos y privados del país están intactos. Quizá sería más razonable utilizar el término “reactivación”, aunque suene menos contundente y menos pomposo.
La verdad es que hasta ahora no hemos conocido ideas originales por parte del Gobierno, más allá de las limitaciones a la circulación de las personas, una centralización del mando sanitario que no ha sido todo lo eficaz que se esperaba y, desde luego, amparo a los ingresos de las personas desempleadas y a la pérdida de liquidez de las empresas, medidas encomiables por necesarias. Pero no hemos desplegado algo de mayor ambición que impida un deterioro estructural de los balances de las empresas y que pueda animar a la inversión, tal como, por ejemplo, el Escudo para la protección del tejido empresarial que ha establecido el Gobierno de Alemania, algunas de cuyas medidas, las de liquidez inmediata, se ejecutan en colaboración con los estados y los ayuntamientos, mientras que aquí parece que no hay tal grado de coordinación.
Pero el problema no es sólo de ideas sobre qué hacer, más allá de las medidas asistenciales, y la nueva ley de Cambio Climático no sirve para la reactivación de la economía. Tenemos un problema muy serio en el propio presupuesto. La alteración de la distribución del gasto público y las obligaciones que estamos tomando en forma de servicio de la deuda van a ser de tal magnitud en los próximos presupuestos que va a ser casi imposible mantener la forma inercial con la que venimos construyendo los Presupuestos desde hace mucho tiempo. En los vigentes habrá que introducir profundas modificaciones presupuestarias, incluso en los de Montoro convertidos para el Gobierno central en unas tablas de la ley, por insuficiencia de apoyos para lograr un Presupuesto propio; aunque ¡menos mal!, podrá pensar más de uno, atendiendo a los propósitos iniciales del Gobierno de coalición. A lo mejor ha llegado el momento de atreverse a hacer un Presupuesto base cero, que significa repensar uno por uno todos los destinos del gasto público, y no dotar más o menos las distribuciones preexistentes en función de la coyuntura de ingresos.
El doble impacto de la crisis sanitaria y económica es, como digo, de enorme magnitud. Pero son de muy diferente naturaleza. A la primera ya hemos hecho frente y será necesario, probablemente, elevar el gasto sanitario. Pero el gasto extraordinario que hemos realizado podremos cubrirlo con el dinero que a este fin provenga de la Unión Europea. Pero sería bueno reflexionar si hemos utilizado o no toda la capacidad sanitaria de España, pública y privada, aunque me temo que la respuesta sea negativa en lo que respecta a la privada. Y no creo que fuese acertado asimilar “más sanidad” sólo a “más sanidad pública”, con todo el respeto que ya he manifestado para ésta.
Más preocupante es el impacto de la crisis económica, porque ésta permanecerá varios años, sea cual fuere el horizonte temporal en el que podamos sentirnos seguros frente al virus, ya sea porque se haya encontrado prevención o remedio o ya sea porque el número de nuevos casos lo reduzca a una enfermedad con la que podamos convivir, como son la gripe y otras. Tenemos que afrontar un gasto público mucho más allá de lo imaginado en forma de subsidios de desempleo en sus diversas formas, los acotados en el tiempo, derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo, y los más duraderos derivados de unos despidos que van a ser inevitables en numerosísimas empresas, como ya estamos viendo y se está midiendo. A lo cual se va a añadir, de un modo oportunista, la famosa renta básica. Parece inevitable, porque es un objetivo del socio que manda en el Gobierno, pero sería razonable que fuese coherente con las ayudas de esta naturaleza que ya existen en comunidades autónomas y con una disposición clara del beneficiario a dejar de ser dependiente de esta renta. Naturalmente que habrá decenas de miles de personas para las cuales será el único recurso posible, y han de ser atendidas, esto es indiscutible. Pero, no lo dude, no pocas camuflarán otras fuentes de ingresos con tal de mantenerse en las condiciones que les permitan seguir siendo beneficiarios. Esto es un comportamiento humano comprensible y constatado.
El problema serio es que el mayor gasto público no va a estar respaldado por mayores ingresos. La caída de la recaudación en este primer semestre va a ser muy seria. Piénsese, simplemente, en los impuestos especiales como el de electricidad o hidrocarburos, o en el impuesto sobre el valor añadido. O en los tributos cedidos a las comunidades autónomas, como los de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Y es fácil imaginar el impacto de la inactividad en los beneficios de las sociedades y el del desempleo en los ingresos de las personas. Y esto no se remedia ni estableciendo un nivel mínimo en el impuesto sobre el patrimonio ni tampoco un impuesto nuevo sobre las grandes fortunas, que no da resultados ni en Francia. Y tampoco con un impuesto a las transacciones financieras, otra aspiración de la izquierda, o el también aspirado a las empresas que ofrecen servicios en internet.
El propio gobernador del Banco de España ha dicho con claridad que hay que prepararse para hacer ajustes. O sea, que hay que hacer ajustes en el gasto público. Son irremediables, aunque haya ministerios que no quieren darse por enterados, como el de Universidades llamando a una reducción del precio de la matrícula o a las becas no condicionadas más que a un simple aprobado.
De momento, los mercados nos siguen prestando dinero, aunque tengamos un vicepresidente que se congratulaba de que Grecia amenazase con dejar de hacerlo, pero el coste del servicio de la deuda se va a incrementar de una forma muy intensa, tanto por el volumen de la deuda neta como porque la prima de riesgo no va a ser tan baja como lo era hace unos meses. Y a contenerla no ayudan, precisamente, las peregrinas búsquedas de apoyo parlamentario que está haciendo el Gobierno.
La Unión Europea no parece dispuesta a aportarnos recursos de forma incondicional y, desde luego, no todos ellos gratuitos. Por elevado que sea el volumen final de ayudas, el sector público ha de preparase para hacer ajustes y para explicarlos, lo que no le va a resultar nada fácil a quienes están instalados en que todo gasto público es bueno por su propia naturaleza. Por ello decía más arriba que ésta es la ocasión para repensar la distribución del gasto público y dejar de hacer presupuestos inerciales. Pero aquí tenemos un problema al que he aludido varias veces: no sabemos qué programas presupuestarios funcionan bien –es decir, alcanzan los objetivos previstos– y cuáles no, porque evitamos la medición de los resultados y nos conformamos con medir el simple grado de ejecución del programa.
Pero siendo lamentable la situación de las arcas públicas, creo que lo es más todavía la ausencia de proyecto que manifiesta el Gobierno de España, porque, simplemente, carece de él. No lo hemos visto en los escasos primeros meses de tranquilidad, más allá del deseo de ir contentando, como se pudiese, a los nacionalistas y al socio del ala izquierda de la Moncloa. El ala derecha, ya conocen la serie a la que me refiero, parece ser una escuela política, a tenor del desmedido gabinete del que se ha dotado el presidente y de las funciones otorgadas al jefe de los fontaneros. Algunos han tildado de trilero al presidente, pero yo disiento: los trileros, al menos, tienen una bolita oculta, no se les ocurre pedir apuestas con los tres cubiletes vacíos.
El problema es que el incremento hecho en el gasto público no estará respaldado por ingresos
El sector público ha de prepararse para hacer ajustes y para explicarlos