El decreto que conjuga el paro y el trabajo en el campo pasa de largo por Andalucía
La normalidad de las campañas y el recelo de los empresarios a usar los servicios de empleo hacen que los beneficiarios ronden sólo los 600
Como afirma la responsable del sector primario de CCOO Andalucía, Mónica Vega, el decreto del Gobierno que permitía compatibilizar cualquier subsidio –excepto si el trabajador está en un ERTE– con el trabajo de temporero había levantado “altas expectativas”. Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 7 de abril y motivado por la voz de alarma lanzada por las organizaciones agrarias: el cierre de fronteras y las dificultades para la movilidad estaban poniendo en riesgo las campañas agrarias y eso podía generar problemas en el abastecimiento a la población.
Pues bien, el decreto ha pasado de largo por Andalucía. Su efecto aquí ha sido prácticamente nulo, y eso ha hecho que apenas unos cientos de trabajadores hayan podido compatibilizar subsidio y recolección. Eso no quiere decir que hayan faltado temporeros en el campo. Las campañas se han desarrollado con normalidad, pero los mecanismos de contratación articulados en el decreto no han funcionado. Los empresarios han preferido contratar de forma directa y no a través de los servicios de empleo, requisito para obtener los beneficios del decreto.
Hay varias razones de por qué ha sido así. En primer lugar, no ha habido necesidad extra de trabajadores, porque porque al final el Gobierno fue f lexibilizando la movilidad. Como señala Felipe Galloso, responsable de relaciones laborales de Asaja-Sevilla, entre los empresarios agrícolas “se
generó un estado de alarma dentro del estado de alarma” que llevó a muchos a pensar que no podrían mover a sus trabajadores. En la segunda quincena de marzo, todo era incertidumbre.
El otro motivo, opina Galloso, es la falta de agilidad del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), dependiente de la Junta de An
dalucía, y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Gobierno central, para gestionar las contrataciones. Para que éstas se enmarquen en el decreto del Gobierno, la oferta debe ser genérica y son los agentes de empresa del SAE los que se encargan de buscar el perfil idóneo y contrastarlo con el SEPE, el
organismo pagador. Galloso criticó hace varias semanas, en una reunión de coordinación con los agentes implicados lo “farragoso” que es el mecanismo, algo que retrasa la contratación y pone en peligro las campañas.
Vega, de CCOO-A, responsabiliza, sin embargo, al agricultor, que, afirma, a veces “no quiere amoldarse a requisitos estrictos como el pago en una cuenta bancaria” y prefiere buscar a los temporeros por su cuenta. “Lo de la falta de agilidad es una excusa, se sabe cuándo empiezan las campañas y se puede hacer todo con tiempo”, dice. Pero Galloso responde que la recolección puede adelantarse o retrasarse por cuestiones climáticas y las necesidades de personal cambiar.
En cualquier caso, los empresarios agrícolas no han usado apenas el mecanismo. Y ello a pesar de que parecía que en zonas como Huelva iba a ser muy necesario. En esa provincia sí que existió un verdadero pánico a la escasez de trabajadores porque cuando se decretó el estado de alarma sólo habían llegado 7.400 temporeras marroquíes contratadas en origen y eran necesarias hasta 17.000. El cierre de fronteras sí que activó la necesidad de mano de obra –estuvo a punto de hacerse una oferta pública de empleo– pero ésta se desinfló al poco tiempo. El desplome de los mercados internacionales, que cayeron hasta un 50%, redujo drásticamente la recolección y no hicieron falta trabajadores extra. Esas 7.400 temporeras se quedaron en Huelva para las campañas del arándano y la frambuesa, posteriores a la de la fresa.
En cualquier caso, en Huelva sí que han funcionado algo más los servicios públicos de empleo: el GEA, el sistema de Gestión de Empleo Agrario, ha recogido 15 ofertas –de las cuales seis están aún abiertas– para 3.078 puestos de trabajo. Mucha gente del sector turístico y de la hostelería y de municipios colindantes con la explotación –ante los problemas de movilidad– ha trabajado en la recolección ante la paralización de su actividad.
Los agentes de empresa del SAE sólo han gestionado 300 contrataciones –a falta de la recolección de arándamos en Aroche, que comienza a mediados de junio– en la provincia (han sido 600 en toda Andalucía, según algunas fuentes) y la mayoría de las operaciones, por tanto, han sido nominativas, es decir, por el contacto directo entre empresario y trabajador, ya que según se informa desde la Junta de Andalucía, el GEA funciona también como portal de intermediación. De hecho, se suele producir un efecto llamada: cuando alguien es contratado a través del SAE suele aportar a sus allegados a las empresas.
Eso sí, para que el trabajador se beneficie del paro y su ocupación en el campo, la gestión debe de correr a cargo del SAE y eso ha sucedido en pocos casos.
La norma del Gobierno había generado unas expectativas que al final no se han cumplido