Andalucía sólo hacía pruebas a seis de cada diez sospechosos en la fase 0
La Junta acusa al Gobierno central de esgrimir “criterios políticos” e “informes arbitrarios” para justificar el retraso de Málaga y Granada en la desescalada junto al resto de provincias
El Ministerio de Sanidad reconoce que la capacidad de diagnóstico de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía es suficiente para controlar la pandemia de coronavirus. Así lo recoge en el informe que avaló el pase de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén a la fase 1 el pasado 11 de mayo, y en el que Málaga y Granada quedaron rezagadas en la fase 0. Sin embargo, resulta llamativo que en aquellas fechas sólo se hacían pruebas al 58% de los casos sospechosos, que en la semana previa a la elaboración del análisis fueron 1.457 en toda Andalucía.
Esta capacidad para hacer PCR era mucho mayor en atención hospitalaria (72,7%) que en atención primaria (52,7%), aunque el número de pacientes sospechosos en primaria duplicaba con creces el de los hospitales, con 1.054 frente a 403. También había diferencias en el porcentaje de positivos en cada servicio, con un 13,3% en primaria y un 7,8% en hospitales.
El Ministerio insiste en la importancia de hacer pruebas a todos los sospechosos para evitar la circulación del virus, lo que podría provocar nuevos rebrotes. Esto sólo es posible si el porcentaje de casos sospechosos a los que se les hace la prueba supera el 80%. Además, Sanidad recomienda a la comunidad reforzar su capacidad de acceso a las medidas de protección. En esa labor de control, Andalucía realizaba, en aquellas fechas, unas 2.200 PCR al día, pero la Junta está en disposición de hacer más de 6.000 por jornada, según ratifica Sanidad, que también tiene en cuenta que el sistema de detección de casos sospechosos en atención primaria (centros de salud y Salud Responde) no empezó a funcionar hasta el 11 de mayo, tres días después de realizarse el informe.
Con aquellos datos, según refrenda el Ministerio, Málaga y Granada no avanzaron a la fase 1 el pasado 11 de mayo por el riesgo que suponía permitir la movilidad dentro de provincias en las que había zonas con una importante incidencia del virus. Más allá del debate sobre la fórmula elegida por la Junta para avanzar en la desescalada –por provincias, pero con excepciones en tres áreas sanitarias–, el problema radicaba en la disparidad de afección de la epidemia dentro de las mismas provincias. El informe data del 8 de mayo y está firmado por Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad.
La publicación de estos documentos, solicitados por las autoridades autonómicas desde hace semanas, no han satisfecho las reclamaciones del Gobierno andaluz, que insiste en que los criterios para atrasar el avance de Granada y Málaga en la desescalada fueron “políticos”. “La tozudez del Gobierno la sufren los ciudadanos”, criticó ayer Elías Bendodo, portavoz del Ejecutivo regional, en su comparecencia de ayer en San Telmo, en la que también calificó los informes de Sanidad de “arbitrarios”. Por su parte, Jesús Aguirre defendió que las dos provincias cuentan con datos epidemiológicos favorables.
Málaga y Granada no pasaron a la fase 1 por la dificultad de controlar la movilidad