Nissan echa el cierre en Cataluña y deja a 3.000 personas en la calle
El consejero delegado, Makoto Uchida, anuncia desde Japón la firme intención de clausurar los tres centros catalanes
El cierre de las plantas de Nissan en Barcelona, oficializado ayer, deja sin empleo a 3.200 trabajadores directos y amenaza a 20.000 más, un golpe duro para la industria que ha unido a los Gobiernos central y autonómio en la búsqueda de salidas y en las críticas a la firma automovilística nipona.
Cumpliéndose los peores augurios, el consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, anunció desde Japón la intención de cerrar los tres centros en Barcelona –Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca– a finales de diciembre de este año, mientras que se mantienen las plantas en Ávila (430 empleados) y Cantabria (535).
El presidente de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, comunicó a los sindicatos que se ha tomado esta decisión al no ver “ninguna solución viable de futuro” para estas instalaciones, que han ido perdiendo modelos en los últimos años.
Unos 20.000 empleos indirectos, según la Generalitat de Cataluña, dependen de estas plantas, incluyendo proveedores y subcontratas de un sector clave en la región, ya que representa el 10% del producto interior bruto (PIB) y en las fábricas catalanas se producen uno de cada cinco vehículos ensamblados en España.
Frank Torres, que fuera máximo responsable de Nissan en España y ahora vicepresidente de operaciones en Rusia, será el hombre encargado de pilotar el desmantelamiento y de negociar con los sindicatos, relegando al actual director, Genís Alonso.
Tanto los sindicatos como las administraciones públicas se han rebelado contra la decisión final de la firma automovilística y han rechazado el argumento utilizado para irse de Barcelona, reivindicando la viabilidad de las plantas y recordando que habían presentado a Nissan un plan para revitalizarlas que suponía ayudas por 100 millones de euros.
Según Nissan, ni siquiera las ayudas que estaban dispuestas a poner el Gobierno, que ha avisado que esta decisón le costará 1.000 millones a la compañía, y la Generalitat permitirían dar un futuro viable a la fábrica.
El Govern catalán ha rechazado los planteamientos de Nissan y, mientras la consellera Àngels Chacón hablaba de “deslealtad” e incluso acusaba a la firma de “reírse de nosotros”, el vicepresidente Pere Aragonès avisó de que la empresa “deberá asumir responsabilidades”.
La Generalitat, que ha dado 25 millones en ayudas públicas a Nissan en los últimos 15 años, cuenta con que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, propietario de los terrenos, colaborará para evitar esta crisis industrial, al tiempo que apeló a la unidad con los ayuntamientos afectados.
Los sindicatos han llamado a la movilización y a mantener la huelga indefinida iniciada el pasado 4 de mayo.
La compañía mantiene las plantas de Ávila, con 430 empleados, y Cantabria, con 535