El positivo de Córdoba es el príncipe Joaquín de Bélgica
● Las 30 personas que participaron en la fiesta están en cuarentena y se pueden enfrentar a multas de 280.000 euros
El virus SARS-CoV-2 no discrimina entre clases sociales, no consulta la cuenta bancaria y no distingue entre el estatus de los pacientes. El príncipe Joaquín, sobrino del rey Felipe de Bélgica, es la persona que ha dado positivo por coronavirus en la fiesta que se celebró en Córdoba el pasado 26 de mayo, según confirmaron ayer fuentes del Palacio Real belga citadas por distintos medios europeos tras hacerse público este episodio en la tarde del viernes. El hecho ha provocado que las casi 30 personas que asistieron al evento se encuentren en cuarentena y que la Policía Nacional haya abierto una investigación; la fiesta podría acarrear multas de hasta 280.000 euros, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Córdoba.
El Palacio Real belga, según Efe, confirmó que el príncipe Joaquín, hijo de la princesa Astrid y el príncipe Lorenzo desplazó el 24 de mayo en un vuelo comercial y con un permiso de entrada en el país, pese a las restricciones por la pandemia, debido a que realiza unas prácticas empresariales aquí. El 26 de mayo participó en “una reunión” en Córdoba y ahora permanecerá en España guardando cuarentena. Medios belgas apuntan a que el joven aristócrata, de 28 años, tiene una relación desde hace varios años con la española Victoria Ortiz Martínez-Sagrera. La información llega después de que haya trascendido que la Policía Nacional española investiga una fiesta privada ilegal.
La subdelegada de Gobierno en
Códoba, Rafaela Valenzuela, expresó su profundo “malestar e indignación por conductas irresponsables” y aseguró que se impondrán las sanciones pertinentes en caso de que confirmen conductas irregulares. Asimismo, agradeció a las autoridades sanitarias la rapidez en la identificación de los hechos. El Ayuntamiento de Córdoba también expresó su malestar por el suceso y pidió “máxima contundencia”.
La Junta denunció la reunión y la Subdelegación del Gobierno en Córdoba abrió una investigación por posibles irregularidades en cuanto al número de participantes, dado que las directrices en la fase 2 permiten un máximo de 15 personas por reunión. Además, según la notificación, se fijaba la residencia de cinco de las personas en Sevilla, lo que podría sumar un desorden más al estar prohibida la movilidad interprovincial.