MORIDEROS
ME topo con el dato en la nada dudosa web de RTVE. Según su informe, Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos, a fecha 28 de mayo, el número de víctimas que el Covid-19 ha dejado en dichas instituciones, sean públicas, concertadas o privadas, asciende a 19.174. Esa enormidad supone, por ahora, el 71% del total de fallecidos por tal causa en España. En los casi 5.500 centros de este tipo que funcionan en el país, se ha producido una auténtica catástrofe, una verdadera matanza, con bajas similares, por ejemplo, a las de la cruenta Batalla del Ebro.
El recuento procede de las diferentes comunidades, incluyéndose como víctimas tanto a los difuntos con diagnóstico testado, como a aquellos otros con sintomatología claramente compatible. En el macabro ranking del porcentaje de ancianos residentes muertos por el virus sobre el total oficial de decesos causados por éste, hay cinco regiones que superan el 80% (Navarra, las dos Castillas, Aragón y Extremadura). El caso de Castilla y León es particularmente sangrante: su tanto por ciento es del ¡133,51!, esto es, según sus autoridades, las víctimas en residencias superan con creces las totales reconocidas para esa Comunidad. Madrid alcanza el 68,71%; Cataluña el 71,17%; Andalucía, con un 39,39% se sitúa en el tramo inferior de tan negra estadística.
Miren, nos han vendido que todo el esfuerzo que hemos soportado (y el que soportaremos) tenía como fin salvar las vidas de los más expuestos. Desde esta perspectiva, el fracaso no admite paliativos. Ni política, ni administrativa, ni sanitaria, ni empresarialmente hemos sido capaces de proteger a nuestros mayores. En todos esos frentes habrá que averiguar las razones por las que lugares que tendrían que haber sido especialmente blindados se han convertido en trampas mortales, en morideros de los que han salido miles de cadáveres sin duelo, sin respeto, sin dignidad y hasta sin nombre.
No quiero adelantar conclusiones. El Gobierno tenía un responsable (Iglesias asumió el 19 de marzo el mando único en las residencias). Las comunidades tenían los suyos, al igual que las empresas privadas. En lo sanitario, todos sabemos las muchas dificultades impuestas para el traslado de ancianos de residencias a hospitales. La Justicia, espero, dirá. Pero para mí tengo que esta gigantesca vergüenza nacional no puede quedar impune. Ya que no la vida, deberemos devolverles, al menos, el homenaje postrero de la verdad.