La gresca política por el virus se centra en Madrid
● Iglesias y Ayuso se enzarzan por las residencias ● La Fiscalía da un respiro al Gobierno al pedir el archivo del caso 8-M
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, consideró ayer “un escándalo, si no un crimen”, el modelo y gestión de residencias de mayores en Madrid, lo que negó la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien calificó de “criminales”, “insensatas” e “imprudentes” las declaraciones del ministro de Asuntos Sociales.
En Los desayunos de TVE, Iglesias calificó como “gravísimo” lo sucedido en estos centros de mayores de Madrid, en los que han muerto durante la pandemia cerca de 6.000 ancianos y aqseguró que ha puesto de manifiesto que “el modelo existente en Madrid y en Castilla y León no funciona”.
Además, comentó que la instrucción de Madrid que “prohibía trasladar a los mayores a los hospitales” es “inmoral” y “puede ser ilegal”. Por ello, apuntó que podría tener “consecuencias penales” y “los ciudadanos no van a perdonar lo que hizo Ayuso”.
Ésta aseguró que “si hay algo que le parece criminal”, son estas manifestaciones y subrayó que “es absolutamente insensato e impresentable que el vicepresidente del Gobierno siempre esté echando gasolina y azuzando en todas las discusiones y que no le importe politizar el dolor hasta ese punto tan ofensivo y aberrante”.
Paralelamente, la petición de la Fiscalía de Madrid de archivar la investigación contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo dio ayer un respiro al Ejecutivo, inmerso en terminar de perfilar el decreto sobre la nueva normalidad, que dará a conocer hoy en el Consejo de Ministros.
Por la mañana, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó a la juez que archive la investigación que tiene abierta contra Franco por la autorización de la manifestación del 8-M. El Ministerio Público hace un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones publicados antes del 8 de marzo y concluye que “pretender” que el delegado del Gobierno conocía que si hubiera tomado otra decisión habría evitado contagios exponenciales o salvado miles de vidas es “prácticamente inverosímil”.
Una tesis que coincide con la defensa del Gobierno sobre la celebración del 8-M frente a las acusaciones de la derecha. “En política no vale todo”, dijo tras conocer la decisión del fiscal la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Por otra parte, el abogado del sindicato Manos Limpias José María Bueno pidió ayer suspender la declaración del delegado del Gobierno en Madrid, prevista para mañana, en el marco de la causa por el 8-M, debido a que ha tenido que confinarse en su casa tras recibir la baja médica por posible Covid-19.