Tres recursos distintos contra un mismo decreto

El decreto de simplificación administrativa del Gobierno Andaluz cumple hoy tres meses justos. El Ejecutivo de PP y Ciudadanos lo presentó en una rueda de prensa multitudinaria, con seis miembros del Gabinete; entre ellos, el vicepresidente, Juan Marín. Desde entonces, el proyecto estrella del equipo de Juanma Moreno ha recibido un rosario de envites judiciales todos con las miras puestas en el Tribunal Constitucional. El más importante de todos los recursos es el presentado por el Gobierno central, que considera que algunos puntos del texto invaden sus competencias. El Alto Tribunal le dio la razón al Gobierno y ahora la Administración central y la autonómica tienen que ponerse de acuerdo para desbloquear los artículos referidos a reformas en inmuebles considerados patrimonio histórico y en las licencias audiovisuales de comunicación local. Estos preceptos están en suspenso desde que, a principios de mayo, el Constitucional aceptase el recurso del Gobierno. A este recurso hay que sumar el presentado ayer por los 60 senadores del

PSOE y otro de Adelante Andalucía. En el caso de la coalición de izquierdas, el derecho que se reclama es el de representación política. Fueron dos expertos en Derecho Constituticional, Joaquín Urías y Esperanza Gómez, quienes pilotaron la elaboración de este recurso, que reclama el derecho de los 17 diputados de Adelante a representar a los ciudadanos. La queja de la coalición es que, al aprobarse en una Diputación Permanente, las garantías que ofrece el legislativo son menores que en un Pleno.