La dignidad es mejor que el PER
El autor considera que no se puede igualar a trabajadores y a necesitados de cobertura social
LA función esencial de la existencia de un sistema de renta mínima o básica en el modelo sociopolítico y económico de la Europa Occidental es esencial para consolidar una sociedad más justa.
El hecho de que, en la práctica, en la mayoría de los países europeos exista ya una renta mínima garantizada es la mejor evidencia de que el modelo general va teniendo claro que es necesario fijar mecanismos de dignidad universal. Ahora bien, como en todo sistema dinámico, estos instrumentos pueden y tienen que ser renovados y mejorados, porque la situación es siempre cambiante. Aparecen nuevos colectivos desfavorecidos que deben ser ayudados por el sistema, por el estado, por sus semejantes. Véanse casos de maltrato, desahuciados, inmigrantes, parados tecnológicos, ancianos.
También es esencial garantizar unas condiciones laborales y de vida adecuadas a aquellos colectivos con salarios o rentas laborales bajas. Las mejoras en el Salario Mínimo Interprofesional en España han venido a cubrir en parte el “gap” de los últimos años.
Es necesario seguir trabajando en este sentido para que se logren las condiciones adecuadas para que las personas puedan vivir de su trabajo. Establecer sistemas automáticos de compensación de las personas desfavorecidas laboralmente sin necesidad de solicitud previa, al igual que se retiene a las personas con mayor ingreso, sería un camino deseado.
Tomas Piketty propone introducir una renta mínima equivalente al 60% de la renta media después de impuestos para quienes carezcan de otros recursos. Ese importe de esta renta mínima resultaría decreciente con respeto al nivel de ingresos del perceptor y cubriría alrededor del 30% de la población, con un coste total aproximado equivalente al 5% de la renta nacional.
En el caso de España, esta transferencia de recursos públicos hacia la renta de las personas más necesitadas tendría un efecto positivo muy importante a valorar, que es la descarga de los gastos asistenciales, sanitarios, pensiones, desempleo, prestaciones familiares, etc. que, en la práctica se podría traducir en una optimización muy importante de la renta nacional.
En el caso de Andalucía y del PER, concretando la propuesta en un caso muy acotado, permitiría que, las 20.000 personas que, cada año, de manera sistemática, oficialmente hacen las peonadas mínimas para acceder al subsidio agrario y que, no son en la práctica personal laboral, se viesen liberadas de esa carga, de esa práctica fraudulenta articulada y consentida desde la administración pública. Ganaríamos en transparencia, se mejoraría el sistema asistencial, se optimizarían los recursos públicos.
Porque la idea es que una sociedad justa debe basarse en una lógica de acceso universal a los bienes fundamentales: seguridad, salud, educación, empleo y salarios diferidos. Tenemos que fijarnos el objetivo común de transformar el conjunto de la distribución general de la renta y la riqueza y que ello arrastre la distribución del poder y las oportunidades.
Tenemos que ambicionar una sociedad basada en la remuneración justa del trabajo y la renta básica puede contribuir a ello, mejorando los ingresos de las personas con necesidad de cobertura social, diferenciando claramente colectivos vulnerables de los contribuyentes netos por su capacidad de trabajo y generación de riqueza.
Es importante visualizar que esta política tiene que ser parte de un paquete de medidas mucho más ambicioso y transversal que tiene como siguiente piedra angular la política fiscal, que tiene que ser claramente más progresiva y aplicar tipos marginales diferenciales a las rentas más altas. La historia dice que el mayor progreso se produjo cuando los países aplicaban tasas de entre el 70 y el 90 a las rentas más altas.
La revisión de las normas de acceso al PER estableciéndose, sine die, 20 peonadas para acceder al subsidio agrario, tiene, en su definición, la temporalidad de la medida. Tenemos que considerarlo así y por tanto es necesario trabajar para que se modifique esta situación lo antes posible. Por coherencia, por honestidad, por optimizar los recursos públicos, pero sobre todo por la dignidad de las personas.
No podemos tolerar que el sistema meta en un mismo grupo a las personas trabajadoras y a las necesitadas de cobertura social, es un engaño, un entuerto que tenemos la obligación de deshacer cuanto antes.
Tiene que constituirse cuanto antes un grupo de trabajo en el Congreso que permita corregir esta anormalidad del sistema. Para hacer una sociedad más justa. Es necesario contar para ello con los agentes sociales, que se aborde un diálogo y una realidad que demasiados parecen eludir. La entrada en vigor de una norma que permita mejorar esta situación, la vida de miles de personas, sería un paso decisivo para ir remodelando el conjunto del modelo de servicios y derechos públicos, cuyo anverso de la moneda es el régimen fiscal y de redistribución de la renta.
“Tiene que constituirse un grupo de trabajo en el Congreso para corregir el sistema”