La juez del 8-M echa un pulso al Gobierno
La magistrada no archiva el caso y acusa a La Moncloa de “reticencias” para entregar la documentación
La juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, rechazó ayer archivar la causa en la que investiga una presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no vetar la marcha feminista en Madrid. En su auto, evidencia además “dificultades” y “reticencias” que, en ocasiones, han encontrado los investigadores de la Guardia Civil para obtener documentos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad.
En su resolución, de 17 páginas, la magistrada responde de forma rotunda y uno por uno a los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado para pedir la nulidad del procedimiento, a los que se adhirió parcialmente la Fiscalía en un duro recurso, que fue conocido el pasado lunes, pidiendo también el archivo de esta investigación. Así, la magistrada rechazó la alegación de nulidad de las actuaciones, la paralización de las mismas y la indefensión del delegado del Gobierno en Madrid.
En cuanto a los informes requeridos al CCAES, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid afirmó que las dificultades para obtenerlos ha sido expresada por los propios agentes de la Policía Judicial en sus informes, y que ésta es la razón por la que determinados oficios que ella firmó tuvieran plazos de entrega.
Recordó que, por lo que han declarado los investigadores del caso según la información que trasladan los agentes, “la documentación ya estaba recabada” por este organismo de Sanidad “según lo que los mismos empleados públicos manifestaban”, es decir, que “el trabajo ya estaba hecho”. “Es por ello que ningún perjuicio se ocasionaba al organismo con la fijación del plazo pues, si estaba recabada, lo único que pendía era la entrega material y en tal sentido el dictado de la providencia, que, por tanto, se mantiene en sus propios términos”, explicó.
Por otro lado, Rodríguez-Medel también rechazó el intento de la Abogacía del Estado de que no se recaben las recomendaciones e instrucciones que pudo dar Franco al personal de la Delegación del Gobierno en relación con el Covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo 2020.
La instructora remarcó que “esas instrucciones internas no son objeto de investigación”, algo que ella misma ya ha “concretado en resoluciones anteriores”, pues sí lo son las “decisiones en materia de concentraciones/manifestaciones”. No obstante, cree que esto “no impide recabar” esas recomendaciones de Franco, ya que las considera “útiles para la investigación”, pues “permiten determinar el grado de conocimiento y alerta sobre el Covid del investigado y ello puede ser relevante para valorar las decisiones que adoptó en materia de concentraciones y manifestaciones”.
El auto defiende igualmente la petición de un nuevo informe al forense porque su “utilidad” es “clara”, pues “permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa (entre el 5 y el 14 de marzo) de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio del Covid-19 y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento”, lo cual “es clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia”.
En cuanto a la declaración de Franco como investigado prevista para hoy, y que la Abogacía pedía suspender, Rodríguez-Medel la confirmó y remarcó que una citación “no requiere motivación”.
Paralelamente, el director del CCAES, Fernando Simón, aseguró ayer que si hubo “demora” en la entrega de la documentación que le pidió la juez, ésta “no fue intencionada”. Añadió no recordar en qué fecha le llegó la petición, pero sí que estaba en una “situación complicada de trabajo” porque era el “momento álgido” de la epidemia y “se hizo lo que se pudo”.
El doctor Simón arguye que si hubo demora en la entrega, “no fue intencionada”