El Gobierno aprueba la ley de infancia y apela al consenso para mejorarla
La norma establece el deber de quien advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo Iglesias pide perdón a las víctimas para las que llega tarde
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asumido el compromiso de intentar lograr un “amplio consenso” en el Parlamento para mejorar y aprobar la ley de infancia frente a la violencia, y ha pedido perdón a las víctimas para las que llega tarde.
“Las ideologías no pueden separarnos en una normativa” que proteja los derechos de niños y jóvenes frente a la violencia, dijo ayer Iglesias, quien aseguró que se va a “esforzar mucho para que así sea”.
El ministro de Derechos Sociales explicó que el Gobierno no quería retrasar más la tramitación de la ley, estudiada por varios gobiernos, y confió en que “el trámite de enmiendas puede contribuir a mejorarla”, incluyendo a través de los grupos parlamentarios algunas aportaciones para completarla.
La Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, “que estaba prácticamente acabada antes de la pandemia y que ha tenido que ser retrasada hasta hoy”, fue trasladada al Consejo de Ministros por la Vicepresidencia de Derechos Sociales junto a los ministerios de Justicia, Interior y Educación, con aportaciones de Igualdad.
Se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente, aun cuando no sea constitutiva de delito; un deber más exigente para los colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con los niños.
“Se trata de implicar a toda la sociedad y acabar con la impunidad” para que no se encare la violencia contra los niños “como un problema privado, sino social”.
En este sentido, recordó que obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave contra un menor, y a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida (la que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento) cuando la víctima tenga menos de 14 años.
Será obligatoria la privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo y cuando la víctima fuera su hijo. “Un asesino machista jamás puede ser un buen padre ni tendrá la patria potestad”, afirmó.
En el ámbito escolar, habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros, encargado de vigilar los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia en los colegios y en los centros de ocio.
También perseguirá nuevos delitos cometidos a través de internet, incorporando la incitación al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.
La también conocida como Ley Rhodes conlleva la reforma de una decena de leyes e incorpora una definición amplia de violencia, que abarca cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente.