El Gobierno elimina la obligación de la ratio de los 15 alumnos por aula
La Junta se adhiere al plan estatal tras no imponerse la ratio de 15 alumnos por aula Los comunidades serán las que establezcan las medidas de seguridad en los centros
“Todos son nuestros alumnos”. Con estas palabras el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se refirió ayer a la intención de la Junta de Andalucía de que el fondo de contingencia que el Gobierno destinará a la enseñanza llegue también a los centros concertados. Esta partida, que a nivel nacional es de 2.000 millones de euros, se empleará en ampliar la plantilla docente con personal de apoyo y en la digitalización de las aulas ante un posible rebrote de coronavirus.
Se trata de una de las exigencias expuestas ayer en la conferencia sectorial que el Ministerio de Educación mantuvo con las autonomías para acordar el inicio del próximo curso, que estará marcado por la nueva normalidad a consecuencia del Covid-19. En dicho encuentro, Imbroda expresó el deseo de que “todos los centros sostenidos con fondos públicos” se conviertan en beneficiaros de las ayudas, de las que, según cálculos del Ejecutivo regional, a Andalucía le corresponderían 372 millones.
Debe tenerse en cuenta que el Gobierno, tras varios cambios de criterio, ha decidido que la partida de Educación que reciba cada comunidad equivalga al número de alumnos de 0 a 16 años escolarizados en centros de titularidad pública, lo que excluye a la enseñanza concertada. El cálculo realizado por la Junta se atiene a este principio, es decir, al millón y medio de alumnos matriculados en colegios e institutos totalmente públicos.
Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez diera luz verde a la petición de Imbroda, habría que sumarle los 330.000 estudiantes de la concertada. Este incremento, no obstante, resulta mucho más reducido que el que se aplicaría –de salir adelante la propuesta– en otras comunidades, como el País Vasco, donde el porcentaje de los centros concertados en el sistema de enseñanza sostenido con fondos públicos es del 50%, mientras que en Andalucía sólo suponen el 20%.
Por tanto, de acceder a dicha petición, otras comunidades con mayor peso de la concertada verían incrementadas sus ayudas mucho más que Andalucía, donde esta subida resultaría insignificante en comparación con la que se experimentaría en el País Vasco, donde prácticamente se duplicaría. La Junta ya aclaró que esta partida servirá para mejorar la dotación tecnológica de los centros y aumentar la plantilla docente con maestros y profesores de apoyo, como medida de adaptación a la nueva normalidad que ha traído la pandemia.
Al margen de esta cuestión, la conferencia sectorial acabó con un acuerdo entre el Estado con la mayoría de las autonomías de cara al próximo curso escolar. Sólo Madrid y el País Vasco se salieron del pacto. En este encuentro, según fuentes consultadas por este periódico, no hubo referencia a la propuesta de la ministra Isabel Celaá de reducir la ratio a 15 alumnos por aula.
Imbroda argumentó la adhesión de Andalucía al tener en cuenta el Ministerio de Educación las propuestas realizadas desde la comunidad autónoma. Una de ellas concierne a las medidas de seguridad que regirán en los centros de enseñanza, que habrán de establecerlas las respectivas consejerías de Salud. También se dio el visto bueno a la evaluación inicial que se le realizará a cada alumno para conocer el aprendizaje adquirido este último trimestre, condicionado por las clases telemáticas.
En el sistema educativo la concertada supone en Andalucía un 20% y en el País Vasco, un 50%