Testigos del 8-M niegan presiones para suspender las protestas

Los testigos que declararon ayer ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8-M rechazaron haber recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus manifestaciones por el coronavirus. Las 15 declaraciones previstas para ayer transcurrieron con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien pidió al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que le comuniquen “los eventos colectivos o masivos públicos o privados” que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo “con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias”. Por su parte, la Fiscalía ha dado un nuevo paso y ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial para que anule buena parte de las decisiones adoptadas por la jueza. El argumento es el mismo que esgrimió ante Rodríguez-Medel y que ésta desestimó: su celeridad en la instrucción mientras los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma ha generado indefensión al único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Por el juzgado número 51 pasaron ayer trabajadores y responsables de diferentes áreas de la Delegación y varias de las personas que pretendían celebrar manifestaciones aquellas semanas de comienzos de marzo y que finalmente desconvocaron o no.