El PSOE denuncia que la Junta quiere ahorrarse inversión de la renta mínima
Ramos dice que el ingreso mínimo vital es compatible con las ayudas del Gobierno andaluz
“La renta mínima de inserción social que pusimos en marcha los socialistas en Andalucía y que el actual Gobierno de la Junta la ha mantenido, aunque bajando el presupuesto (de 198 a 140 millones), es perfectamente compatible con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de ello, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comunicado ya a los ayuntamientos la suspensión de esa ayuda a unos 15.000 andaluces, al albur de la ayuda del Estado, que la percibirá medio millón de andaluces”. Son palabras del diputado nacional por el PSOE de Huelva, José Luis Ramos, quien ha añadido que eso sería “regatear con el dinero de los más necesitados”, por lo que insta al Gobierno de la Junta a rectificar esta decisión y a agilizar la gestión de la misma, ya que actualmente se están dando situaciones inverosímiles de espera de hasta 18 meses para que los beneficiarios cobren esa ayuda andaluza. “No tiene sentido que una ayuda de este calibre, dirigida a personas en situación vulnerable, que viven el día a día con extrema angustia, tengan que esperar una burocracia que impide que les llegue el dinero concedido”, ha comentado el diputado.
La orden recibida en los consistorios para que se paralice la ayuda desde el 15 de junio “queremos pensar que debe ser un error cometido por alguien que, en tal caso, debe ser destituido, porque no se entiende que en estos momentos se aproveche el más mínimo resquicio legal para eliminar una ayuda que da de comer a la gente necesitada. Resulta, cuanto menos, mezquino”, ha remarcado José Luis Ramos. De este modo, “dan la espalda a los derechos sociales en lugar de verlo como una oportunidad de fortalecer el Estado del Bienestar, dando cobertura y seguridad al conjunto de familias que más lo necesitan”, ha agregado. El IMV es una de las medidas “más sociales que se han adoptado en nuestra democracia”, una medida que “complementa” a otras que puedan tener en marcha las distintas comunidades y no computa la percepción de éstas para determinar el derecho a la prestación. Otra cuestión, según explica Ramos, es que haya que calcular y tener en cuenta ambas cuantías para controlar que no superen los ingresos y se conviertan en un problema para el percibidor.