La juez del 8-M archiva la causa contra el delegado del Gobierno
Rodríguez-Medel considera que Franco no prevaricó al autorizar la manifestación ya que desconocía objetiva y técnicamente el riesgo que entrañaba para la salud de las personas
La juez que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por supuesta prevaricación administrativa por no prohibir la manifestación del 8-M ante un posible riesgo de propagación del coronavirus ha decidido archivar provisionalmente la causa al no ver suficientes indicios de delito.
En un auto, la jueza de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, concluye tras la investigación practicada que Franco “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” entre el 5 y el 14 de marzo.
En su resolución, la magistrada deja patente la “permanente y absoluta” inactividad jurídica del delegado ante la celebración de las concentraciones y manifestaciones masivas que, recalca, “aumentaron el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19, es decir supusieron un riesgo para la salud pública”.
Pero fundamenta que José Manuel Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.
También establece que “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, instó al delegado del Gobierno en Madrid a que prohibiera o restringiera de alguna forma la celebración de concentraciones o manifestaciones por razón del coronavirus Covid-19”.
La juez explica que la horquilla temporal de la investigación comienza el 5 de marzo ya que el día 2 el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitió el informe al que hace referencia la denuncia que dio lugar a este procedimiento.
Recuerda que dicho informe alertaba de la gravedad de la crisis sanitaria del coronavirus en los estados miembros de la UE, “de modo que se ha dado un margen de tres días para posibilitar que el mismo fuera conocido por las autoridades españolas”.
La jueza aclara que el archivo es provisional y deniega la petición de la Abogacía del Estado de sobreseimiento libre, debido precisamente a esa “permanente inactividad jurídica en relación con las concentraciones y manifestaciones y el Covid-19”, que se tradujo en que no “no prohibió ninguna concentración ni manifestación entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud”.
Franco afirmó ayer que siempre ha trabajado con arreglo a la ley y con el único objetivo de preservar los derechos de los ciudadanos.
El Ejecutivo, por boca del ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiso comentar el archivo de la causa judicial del 8-M y se limitó a decir que “todos los españoles saben que el Gobierno ha dado todo lo que tenía y lo que no tenía” para el control de la pandemia.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que pese al archivo de la causa continúa pensando que el Gobierno central tenía información para que no se hubiera celebrado la manifestación.
Las tres asociaciones personadas como acusación anunciaron ayer que recurrirán el archivo provisional de la causa.