Una causa exprés archivada con un reproche
La juez Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar provisionalmente la causa abierta por las manifestaciones celebradas en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo pese al coronavirus, sobre todo la del 8-M, un procedimiento exprés que ha cerrado
–al menos de momento– con un reproche.
La magistrada cree que no hay “suficientes indicios de delito” para seguir investigando al único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación administativa.
Y no los hay porque, según ha comprobado la magistrada, nadie le avisó del riesgo que corría la población si asistía a manifestaciones esos días. Pero la juez está convencida de que esos eventos aumentaron “indiciariamente” el riesgo de contagio y pese a ello Franco mantuvo una “permanente y absoluta inactividad jurídica”.
Con ese reproche de la jueza al delegado del Gobierno se cierra, al menos por el momento, una causa tramitada durante el estado de alarma, la mayor parte de ella con los plazos procesales suspendidos y que ha generado una crisis en el Ministerio del Interior cuyas consecuencias están aún por dilucidar.
La magistrada comisionó a la Guardia Civil para realizar un informe sobre lo ocurrido y a partir de este se desató la tormenta dentro del instituto armado, en
Interior y, en general, en la vida política del país.
Esa tormenta política dio una inesperada relevancia a un procedimiento judicial que hasta el momento había tenido escaso eco mediático y que tenía visos de acabar en archivo, como finalmente ha ocurrido.
Dentro del instituto armado, el malestar con el ministro del Interior motivó la renuncia anticipada del número dos del cuerpo, el director adjunto operativo Laurentino Ceña, quien adelantó una semana su jubilación, pero dejó una carta muy crítica con el cese de Pérez de los Cobos.