El PSOE recurre ante el TC la Diputación Permanente activada por la pandemia
Los socialistas consideran que se conculcó su derecho fundamental a la representación política y alertan de la “inseguridad jurídica” para las normas aprobadas en este periodo
Nuevo embate al decreto de simplificacion por la vía de un recurso de amparo al Constitucional. El PSOE andaluz presentará una reclamación ante el Alto Tribunal al considerar que la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento por la pandemia de coronavirus va contra los derechos fundamentales de los parlamentarios socialistas que no formaron parte de dicho organismo. Con esta decisión, los socialistas denuncian la “inseguridad jurídica” generada por la convalidación de varias normas, entre ellas la propuesta legislativa más importante impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno desde su llegada a San Telmo.
Se trata del tercer recurso que presentan los socialistas y que afecta a este decreto-ley aprobado por el Ejecutivo el 9 de marzo y convalidado por la Cámara un mes después. El más relevante fue presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez por la invasión de competencias y que ha provocado la suspensión de varios artículos. El PSOE utilizó también la fórmula de los 50 senadores para impugnar todo el decreto y ahora opta por el recurso de amparo de los diputados que no forman parte de la Diputación Permanente.
Los socialistas son conscientes de que ellos dieron luz verde a aquella convocatoria de la Diputación Permanente, aunque el portavoz del PSOE andaluz, José Fiscal, explicó ayer el Parlamento, donde presentó el recurso, que tomaron esta decisión por “responsabilidad” a pesar de que les generaba “dudas jurídicas”. También lo hizo Adelante Andalucía, que ha presentado ya un recurso de amparo análogo. En el caso del recurso socialista, lleva el aval jurídico del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez-Ossorio.
El recurso se basa en dos pilares: la reducción de poderes en la que queda el Parlamento con una Diputación Permanente durante un periodo de sesiones ordinario y la conculcación del derecho fundamental a la representación política de los diputados socialistas, que se deriva del artículo 23.2 del la Constitución.
Sobre lo primero, la justificación jurídica apunta a que es en los estados excepcionales contemplados en la Carta Magna “cuando la actividad parlamentaria es más necesaria”. Considera Álvarez-Ossorio que las asambleas deben “vigilar y controlar” la actividad de los gobiernos en periodos con “poderes extraordinarios y excepcionales”. Con la convocatoria de la Diputación Permanente quedaron suspendidos los plenos y las comisiones, algunas de las cuales, como las no legislativas, siguen sin funcionar a pesar de que hace ya más de un mes que se retomó la actividad presencial en la Cámara.
El recurso socialista reconoce que no hay instrucción específica sobre el funcionamiento del Parlamento andaluz en la situación del estado de alarma, pero defiende que ese “silencio” normativo debe implicar su funcionamiento con “absoluta normalidad”. No obstante, es cierto que la resolución aprobada por Marta Bosquet para activar la Diputación Permanente no alude al estado de alarma sino a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
Sobre la situación de los parlamentarios, el recurso defiende que “se violan de raíz” sus derechos al no poder participar en la Diputación Permanente, lo que afecta también a los ciudadanos que representan. A ello hay que sumar la aprobación del decreto de simplificación y el resto de normas que se han convalidado en el periodo sin plenos ordinarios. Eso, según Fiscal, es un “recorte democrático” llevado a cabo en ese periodo por “las tres derechas que gobiernan en Andalucía amparándose en la excusa de la pandemia”.
Adelante ya presentó un recurso de amparo al Constitucional por las mismas razones