Los profesores tendrán presunción de veracidad si hay conflicto con un alumno
El Consejo de Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que convertirá a los docentes no universitarios en autoridad pública La responsabilidad civil será de los padres o los tutores
El Ejecutivo andaluz pretende “blindar” la figura del maestro en Andalucía para que tenga presunción de veracidad en caso de conf licto con un alumno o alguien de su entorno. Lo hará por medio de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, cuyo anteproyecto quedó ayer aprobado en un Consejo de Gobierno celebrado la Alhambra de Granada. “Hay que dignificar la figura del maestro”, apuntó el propio Juanma Moreno, quien compareció junto al vicepresidente Juan Marín en el Palacio de Carlos V de la capital nazarí.
La norma está inspirada en leyes similares aprobadas en otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid hace ya varios años. La idea que impregna todo el texto consiste en una apuesta por otorgar “protección jurídica y psicológica” a los docentes de la enseñanza no universitaria en la comunidad, es decir, Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato, enseñanzas artísticas y Formación Profesional. Se trata de las primeras leyes impulsadas por el Gobierno de PP y Ciudadanos desde su llegada a San Telmo, más allá de los Presupuestos.
Una vez que se apruebe, los profesores serán reconocidos como autoridad pública, lo que les otorga la presunción de veracidad. Esto significa que los “hechos constatados” por el profesorado de la comunidad tendrán valor probatorio, salvo que haya pruebas fehacientes que lo contradigan. Estas pruebas, según el anteproyecto, contempla que sean los alumnos quienes puedan aportar estas pruebas. Además, los estudiantes deberán reparar los daños que causen, ya sea de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones y materiales del centro, así como a las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa que resulten afectadas. Los representantes legales de los menores serán los responsables civiles de sus obras. En caso de agresión al profesorado, la reparación del daño consistirá en la petición de excusas, públicas o privadas, además de las medidas disciplinarias que impongan los docentes o la posible responsabilidad civil o penal de sus actos. La ley contempla la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal si la autoridad educativa considera que se ha producido un posible delito.
Según explicó Moreno en su comparecencia, los profesores tendrán derecho a recibir un trato y una consideración adecuada a su labor “dentro y fuera de los centros educativos”, tanto por parte de los alumnos como de sus familiares. Precisamente los representantes l egales de l os menores tendrán el deber de “colaborar” para “obtener información” necesaria para que el profesorado pueda “aplicar las normas que garanticen la convivencia en los centros docentes”. En este ámbito destaca el impulso de las “comisiones de convivencia” para evitar los conf lictos en los colegios e institutos.
La Consejería de Educación y Deporte que dirige Javier Imbroda se compromete, por medio de esta ley, a favorecer en la enseñanza “el reconocimiento de la labor del profesorado”, así como formar a los docentes en los derechos que derivan de la norma. También tendrá que desarrollar los protocolos que permitan otorgar la protección jurídica y psicológica a los maestros que contempla el texto, así como “reconocer la labor de los docentes con medidas que incidan en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas”.
La Junta está obligada a prestar atención jurídica y psicológica si los docentes lo necesitan