El Supremo refuerza el poder de Trump en las deportaciones exprés
El fallo da vida al presidente para coartar el derecho de pedir asilo a ilegales
El Tribunal Supremo de EEUU reforzó ayer la capacidad del Gobierno de Donald Trump para deportar rápidamente a indocumentados, al concluir que los solicitantes de asilo no pueden recurrir a cortes federales si se les niega ese amparo nada más ser detenidos. La decisión, que en la práctica limita los derechos legales de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur y de algunos que ya están dentro de EEUU, concede una victoria a Trump apenas una semana después de que el Supremo le propinara un revés en el caso de los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.
La sentencia da aliento a la larga campaña de Trump para coartar el derecho de los indocumentados de solicitar asilo en EEUU, y confirma la tendencia del Supremo a respaldar esa estrategia: en marzo, la corte dejó en pie el programa que envía a miles de migrantes a México a esperar sus citas ante jueces de migración.
Por siete votos a favor y dos en contra, la mayoría conservadora del Alto Tribunal concluyó que “un extranjero en el umbral de entrada al país no puede reclamar grandes derechos bajo la cláusula de debido proceso” de la Constitución, en palabras del juez que escribió el caso, Samuel Alito.
Una de las dos jueces que votaron en contra fue la hispana Sonia Sotomayor, que alertó de que la decisión concederá un poder “sin control” al Gobierno federal y “aumentará el riesgo de decisiones migratorias erróneas” por parte de los agentes migratorios en la frontera, que puedan contravenir las leyes y tratados de EEUU.
“Este país ha reafirmado una y otra vez su compromiso a proporcionar santuario a aquellos que escapan la opresión y la persecución”, y eso no es coherente con este fallo, lamentó Sotomayor.
El caso implicaba a Vijayakumar Thuraissigiam, miembro de la minoría étnica tamil de Sri Lanka detenido en 2017 en San Ysidro (California), a pocos metros de la frontera con México, y solicitó asilo. Su petición se tramitó bajo un proceso llamado de “deportación expedita” que desde 1996 permite al Gobierno agilizar, sin supervisión de los tribunales, la expulsión de indocumentados que hayan cruzado la frontera en las últimas dos semanas y sean detenidos a menos de 100 millas de ese límite.
Thuraissigiam argumentó que lo habían torturado y tenía un “miedo creíble” de persecución si le deportaban a su país, un requisito imprescindible para obtener asilo. Cuando el Gobierno rechazó su solicitud, el inmigrante presentó una petición de habeas corpus ante una corte federal, y el caso llegó hasta el Supremo. Aunque es muy raro que los indocumentados a los que se les niega el asilo acudan a un tribunal federal, el Gobierno de Trump alegó que garantizar ese derecho supondría una carga excesiva para el sistema migratorio y judicial.