La Audiencia prorroga la prisión al acusado de asesinar a Cristina
Valora, entre otros, la inminencia del juicio contra Daniel Vassi o el riesgo de fuga por ser rumano
La presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva, la magistrada Carmen Orland, ha prorrogado la situación de prisión provisional (comunicada y sin fianza) del acusado del asesinato machista de Cristina Marin en Lepe en 2018, Laurentiu Daniel Vassi, “hasta el máximo de dos años más desde la finalización del plazo ordinario de dos años que se cumplirá el próximo 8 de julio de 2020”.
Así consta en el auto de la también presidenta del tribunal del jurado que enjuiciará al encausado desde finales de septiembre, al que ha accedido en primicia Huelva Información, y en el que Orland señala que la situación podrá extenderse –en caso de condena y de que Vassi la recurra– “hasta el máximo de la mitad de la pena impuesta” en la sentencia si así se valora en una futura resolución.
En el documento judicial, fechado el pasado 18 de junio, se expone que las acusaciones interesaron el mantenimiento de la situación de reclusión provisional para el acusado, si bien su defensa “solicitó que se decretara su libertad”. Para ello alegó “la distinta calificación jurídica de la conducta respecto de la que es objeto de las acusaciones”.
Sin embargo, la Audiencia entiende que es la calificación de las partes acusadoras “la que marca provisionalmente el rango de penalidad aplicable y sobre la que habrá de valorarse la hipotética gravedad de una pena futura en relación con posibles riesgos de elusión de la acción de la Justicia”. Aquí nos detenemos para recordar que la Fiscalía pide para Vassi una pena de 26 años de prisión por el asesinato y el quebrantamiento continuado de condena, solicitud que en el caso de la asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación popular, se eleva a los 36 años.
Es por ello que la magistrada evidencia que conf luyen en este asunto varios elementos a tener en cuenta para prorrogar la reclusión provisional del acusado. De un lado, están el hecho “no controvertido de la muerte de la víctima a manos del investigado”, así como “la falta de disponibilidad inicial del mismo”. No hay que olvidar que Vassi escapó tras la presunta comisión del crimen y estuvo más de un día en paradero desconocido hasta que fue localizado cerca de Tariquejo. De otro lado, Orland pone el foco en “su condición de nacional rumano y, sobre todo, la proximidad del juicio”.
Es por todo ello que se hace “necesario mantener la provisional privación de libertad para asegurar la celebración” de la vista oral, que comenzará con la selección de los miembros del jurado popular el próximo 28 de septiembre en el Palacio de Justicia Huelva y se desarrollará, previsiblemente, hasta el 2 de octubre.
Orland manifiesta en el auto que las alegaciones planteadas por la defensa del inculpado “no alcanzan a desvirtuar los fundamentos en que se sustentó la decisión de mantener la prisión provisional en las resoluciones previas del órgano instructor”, el Juzgado de Instrucción 3 de Ayamonte, “que son asumidas por esta magistrada presidente del tribunal del jurado en función de las circunstancias actualizadas del caso”.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 7 de julio de 2018 en el domicilio de la calle Méndez Núñez de Lepe donde Cristina vivía con sus dos hijas pequeñas. Tenía orden de protección de Vassi por amenazas de género, pero él se la saltó a la torera: entre el 30 de junio y el día de autos llegó a llamarla por teléfono 78 veces, “la mayoría de cero segundos de duración por no haber obtenido respuesta”.
Marin le abrió la puerta aquella mañana mientras sus niñas dormían y él, “de manera sorpresiva, la cogió por detrás y, con absoluta frialdad y desprecio hacia la vida humana, la atacó, propinándole múltiples navajazos, empleando para ello de manera sucesiva hasta tres cuchillos diferentes que fue cogiendo de la cocina” conforme se iban rompiendo. Un total de 28 cuchilladas acabaron con la vida de Cristina, que solo tenía 24 años.
Las alegaciones de la defensa no desvirtúan la base de la decisión de dejarlo en preventiva