El Gobierno buscará el consenso para regular los criterios del teletrabajo
Garamendi alerta de que unas normas muy duras harían que las empresas contrataran fuera
El Gobierno buscará el consenso con patronal y sindicatos para regular los criterios que deben regir el teletrabajo, como el pago de los gastos que conlleve o las horas que debe cumplir el empleado, toda vez que la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Montero salió así al paso de la publicación del anteproyecto de ley que señala que Las empresas deberán sufragar “en su totalidad” el desarrollo del teletrabajo que no podrá conllevar gastos, directos o indirectos, para el empleado “relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral”.
El texto que no detalla las fórmulas que debe adoptar la empresa para hacer frente a este gasto especifica que el teletrabajador tiene “derecho a la compensación total de gastos” y pone de ejemplo los complementos específicos.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló que se podrían utilizar varias fórmulas, que pasan por “repercutir un tanto por ciento en la nómina”, por abonar “dietas” o “por hacer una comprobación documental de los gastos” en los que ha incurrido el trabajador.
Díaz cree que se ha optado por un “modelo conservador en el que empresarios y sindicatos van a decidir en cada empresa cómo debe abordarse” pero el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alertó de que si los criterios que se imponen son “imposibles” muchas empresas podrían contratar fuera de España.
“Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, es que yo mañana puedo contratar en Portugal...El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado cómo se plantea esto”, avisó Garamendi.
La patronal de empresarios señala que la regulación de la nueva ley debe ser acordada en el marco del Diálogo Social y critica que el Ejecutivo quiera hacerlo mediante Real Decreto Ley.
Y es que el texto del anteproyecto, que según Montero es sólo un borrador, especifica puntos como que el trabajo a distancia será “voluntario para la persona trabajadora”, siempre reversible y requerirá de un acuerdo por escrito incorporado al contrato inicial del trabajador.
También detalla que tendrá “carácter prioritario” para las personas que estén con una reducción de jornada por cuidado de menores de 12 años, aquellas que lo precisen para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural o para víctimas de violencia de género o de terrorismo.
Incide en el derecho al horario flexible, en el de la desconexión digital que deberá garantizar la empresa o regula el trabajo a distancia ocasional con hasta un máximo del 60 % de la jornada laboral en determinados casos.
La memoria del anteproyecto indica que la norma tendrá efectos positivos en la economía ya que es una forma de trabajo que supone un ahorro de tiempo, que puede contribuir a la lucha contra la contaminación y que puede tener virtualidad incluso para revitalizar los núcleos de población rural.
UGT y CCOO sí ven urgente legislar sobre el trabajo no presencia después de que éste se haya implantado de forma improvisada como consecuencia del confinamiento.