Cinco años de la prisión permanente, castigo aún pendiente del TC
La prisión permanente llegó a España en julio de 2015 rodeada de polémica y con el rechazo frontal de la oposición, que la puso en manos del Tribunal Constitucional. Sin sentencia cinco años después, los tribunales han dictado hasta el momento 16 condenas, dos de las cuales han sido anuladas.
Diseñada por el Gobierno del PP para los asesinatos considerados más graves y con víctimas especialmente vulnerables, el máximo castigo penal se ha impuesto en algunos de los crímenes con más resonancia mediática de los últimos años, como el del niño Gabriel Cruz o el de la joven Diana Quer.
Salió adelante con la mayoría absoluta de los populares hace cinco años y, aunque varias asociaciones de víctimas y familiares la apoyaron, toda la oposición se pronunció en contra, equiparándola a una “cadena perpetua encubierta” y tachándola de ejercicio de “populismo penal”.
Recurrieron el castigo al Tribunal Constitucional al considerar
El recurso contra la máxima pena privativa de libertad todavía no ha sido debatido en el pleno del Alto Tribunal
Los tribunales han dictado 16 condenas, dos de las cuales han sido anuladas
que vulneraba una serie de artículos de la Carta Magna, entre ellos el que prohíbe penas inhumanas, y que restringía la posibilidad de reinserción.
Fue el PSOE quien elaboró ese recurso, si bien una vez en La Moncloa y con la posibilidad en su mano de derogarla, los socialistas han preferido esperar a conocer el dictamen del tribunal de garantías.
En marzo de 2018, con el PP todavía en el Gobierno, el Congreso dio pasos para derogar esta figura, en contra de la postura del PP –que se pronunció a favor de ampliarla– y de Ciudadanos –partidario de restringir el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios–, pero la iniciativa, impulsada por el PNV, acabó
congelada en la Cámara Baja. Ya con el PSOE en Moncloa, la anterior ministra de Justicia y hoy fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llegó a tachar esta pena de “inhumana”, pero apostó por esperar a conocer la postura del Constitucional. Y ahí permanece el recurso, que todavía no ha sido sometido al debate del pleno de los doce magistrados, según explican fuentes del tribunal.
Con este escenario, la máxima pena privativa de libertad sigue en vigor y los tribunales, de acuerdo o no con ella, continúan aplicándola. Según un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del año pasado, se aplicó este castigo en el 58,8 % de los casos en los que fue solicitado.
De las 16 condenas dictadas hasta ahora, la última la impuso la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife el 14 de febrero a un hombre de 57 años que mató a golpes a su tía de 60, que tenía una discapacidad del 62%.