José Díaz, quinto onubense auxiliado
⬤ De un total de ocho expedientes de solicitudes presentadas para la prestación de la ayuda a morir, cinco casos se han autorizado desde la entrada en vigor de la ley en 2021
José Díaz, el joven onubense de 33 años que sufrió hace tres años una necrosis cerebral, falleció este lunes tras solicitar la eutanasia y serle finalmente concedida.
Con dicho caso, la Comisión de la Consejería de Salud y Consumo ha abierto un total de ocho expedientes de solicitudes presentadas en la provincia de Huelva desde la puesta en vigor de la Ley de la Eutanasia (25 de junio de 2021) hasta ahora.
De las ocho, no todas ellas se han llegado a autorizar: solo cinco de los solicitantes han obtenido finalmente la prestación médica de la ayuda a morir. En lo correspondiente a su división por años, tres casos se aplicaron en 2022, uno en 2023 y uno en 2024.
Como requisito indispensable para obtener dicha prestación es padecer enfermedad o padecimiento crónico, como puede ser el generado por procesos oncológicos, neurodegenerativos y pluripatología/crónicos complejos. La ayuda, de financiación pública, puede ser solicitada por personas mayores de edad que sufran una enfermedad irreversible.
En el último caso y el único autorizado este año, el de José Díaz, el proceso hasta conseguir la prestación se ha traducido en la realidad como un trámite de más de un año y medio en el que su hermana, Sandra Díaz, tenía claro que solo había tres posibles desenlaces: “una muerte lenta con dolor; otro intento de suicidio y esta vez con éxito; o dejar de vivir, pero en paz y con los medicamentos correspondientes”.
José Díaz, en situación de dependencia desde el fatídico día en que sufrió una intoxicación con metanol, ha padecido dolores crónicos que ha calmado con “parches de fentanilo”, entre otras medicaciones.
Los obstáculos burocráticos no han logrado que esta familia onubense se rindiera en su objetivo de hacer que la voluntad de José se cumpliera: “yo soy sus manos y sus pies”, contaba Sandra Díaz.
Contar con un informe favorable de distintos especialistas que evaluaran que su caso era merecedor de la prestación de ayuda para morir y pasar por un
Comité de Garantías que sería quien tuviera la última palabra, fueron dos de las fases del procedimiento que más se alargaron en el tiempo por la dificultad para lograr el primer objetivo: conseguir un médico consultor (en su caso, neurólogo) que redactara dicho informe.
Tras “sentirse perdidas”, no tuvieron más remedio que continuar por cuenta propia: desde la movilización en medios de comunicación hasta la habilitación de una plataforma de firmas para que se escuchara la historia que vivían.
PRESTACIÓN DE LA AYUDA PARA MORIR
La prestación de la ayuda para morir se incluye en los servicios del Sistema Nacional de Salud y cuenta con financiación pública. De este modo, se ponen a disposición de la persona que ha manifestado su deseo de morir los medios necesarios para ello, y de acuerdo al procedimiento y garantías que establece la Ley.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), las personas mayores de edad con un sufrimiento intolerable a causa de una enfermedad en fase terminal, o por una enfermedad irreversible con limitaciones en su autonomía física podrán pedir la eutanasia a su médico.
A nivel andaluz, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente reclaman “más información y formación”, toda vez que piden la figura de equipos referentes, “aquellos que, interesados en la Ley, sean guías y puedan aconsejar a los profesionales”.
Los requisitos para ello son: ser mayor de edad; tener nacionalidad española o llevar al menos un año empadronado en España; contar con toda la información
El joven onubense padecía dolores crónicos que calmaba con parches de fentanilo
sobre su dolencia, diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas, incluidos los cuidados paliativos; realizar al menos dos peticiones con 15 días de separación entre ellas; y estar en fase terminal o tener una dolencia incurable que provoque sufrimientos insoportables y limitaciones graves a la autonomía física. Todo ello se traduce en un proceso que, como pronto, puede prolongarse durante 40 días.
El caso de José Díaz ha abierto un debate en ciudades como Huelva en las que los profesionales sanitarios son objetores de conciencia. Sandra Díaz recordaba “tener que empezar con el mismo procedimiento una y otra vez, sintiéndose perdida y sin ver el momento en el que se cumpliera la voluntad de su hermano”.