Si no se toman adicionales a las recogidas en el plan, el golpe a la será irreversible

La intervención de la sanidad privada y supermercados

economía

empresa? Y no olvidemos que en España la legislación permite valorar en un euro a las empresas que se expropian».

Sin llegar a alcanzar estos extremos tan radicales, lo que si es cierto es que las empresas perderían gran parte de su valor, con la consiguiente penalización para los accionistas que no tendrían opción a compensación. «Al tratarse de una causa de fuerza mayor no tendría, necesariamente, que llevar pareja ninguna indemnización para los mismos. Ahora bien, si tal rescate o intervención de la comSDxtD QR HVWXYLHUD VXÀFLHQWHPHQWH MXVWLÀFDGR o no siguiera el procedimiento legalmente establecido, sí podrían prosperar las posibles reclamaciones que iniciaran quienes se vieran perjudicados por ello».

Llegado el hipotético caso y con respecto al procedimiento a emplear para paliar esta crisis económica, «el Gobierno podría recurrir a una emisión de deuda, ya que la legislación española contempla que esta se pueda emplear como instrumento extraordinario de la política económica y así poder financiar el coste de los posibles rescates. No obstante, ante un posible escenario en el que se tuviera que rescatar a algún sector o alguna empresa del país, serían más convenientes otro tipo de instrumentos económicos, puesto que eso elevaría, aún más, los niveles actuales de deuda, cercanos al 98 por ciento del PIB. Por otro lado, al tratarse de una pandemia lo necesario sería también acudir a fondos de ayuda económica supranacional como el FMI o el Banco Mundial», concreta Carlos Lacaci.

©,QVXÀFLHQWHVª (VWH HV HO UHVXPHQ TXH KDFHQ todos los analistas sobre las medidas econóPLFDV \ ÀVFDOHV TXH HO *RELHUQR KD DSUREDGR tras decretar el estado de alarma en España.

Para Higueras, el aplazamiento del pago de impuestos con el límite de 30.000 euros durante seis meses -con tres de carencia- y los 200.000 millones de euros (16 por ciento del

PIB de 2019) que se inyectarán a la economía «se quedan en el marketing». En su opinión, el Estado «solo podría inyectar 17.000 millones de euros». El resto se repartiría en los 83.000 millones procedentes de los recursos del sector privado por las garantías del pago de los suministros básicos (agua, luz y telecomunicaciones) y el aplazamiento del pago de las hipotecas. Y los 100.000 millones de euros correspondientes a la línea de avales.

Precisamente esta cuestión «nos va a dar días de gloria», explica el economista y autor de siete libros, Álvaro Lodares. «En primer lugar, el avalista es el Estado frente a XQD SRWHQFLDO HQWLGDG ÀQDQFLHUD $Vt TXH ¿quién evalúa la procedencia o no de otorgarlo? En segundo lugar, otorgar avales a las empresas con liquidez cero es una medida arriesgada».

Además, prosigue, «cuando una empresa incumple con sus obligaciones -por ejemplo, impaga créditos de forma masiva- lo que sucede en la práctica es que se declare en concurso de acreedores. Si la empresa no es viable y no se alcanza un acuerdo con los acreedores, la empresa se liquida. Lo que supone que los acreedores cobran de lo que quede del activo de la empresa por orden de preferencia. &XDQGR XQ DYDODGR QR FXPSOH HO EHQHÀFLDULR del aval lo ejecuta para cobrar sus deudas, aunque el primero se haya declarado en conFXUVR (O EHQHÀFLDULR FREUD \ HO DYDOLVWD VH subroga como acreedor en el concurso. Si no hay bienes, no cobra. Y eso es muy habitual».

(Q GHÀQLWLYD HVWD PHGLGD TXH EXVFD TXH las empresas obtengan liquidez para que no se rompa la cadena de cobros y pagos «puede terminar en un incremento de la deuda pública hasta niveles del 114-115 por ciento o superiores», señala Higueras.

Ante esta situación, «o se toman más medidas como reducir impuestos y trabas como por ejemplo cotizaciones sociales a los autónomos o el golpe económico va a ser brutal», asegura Lodares.