En España existen nueve millones de pensionistas que cobran una pensión media de jubilación de 1.157 euros
se estiman en 15.000 millones de euros debido a la suspensión de contratos, despidos y cese de actividad de los autónomos, mientras que sus ingresos se pueden reducir en más de 2.000 millones. A esto hay que añadir las jubilaciones ordinarias y anticipadas que se produzcan. «Todo ello puede dar la puntilla a un sistema de pensiones que arrastra un desequilibrio crónico», señala Jesús Pérez, profesor del IEB, y que acoge a nueve millones de pensionistas que cobran una pensión media de jubilación de 1.157 euros.
¿Qué pasará con los jubilados?
Esta merma de recursos de la Seguridad Social afectará directamente a las personas que se jubilen a corto y medio plazo. «Para quienes están muy próximos a la edad de retiro no se esperan grandes cambios, pero, tal y como sucedió en 2011, para los trabajadores con edades inferiores a los 60 años es previsible que se endurezcan las condiciones para el acceso a la jubilación en aspectos como el retiro anticipado, el número de años exigidos para cobrar el cien por cien de la pensión y el porcentaje aplicable en función de los años cotizados», asegura el profesor de la Udima.
El problema que sí se les plantea a los trabajadores que están cerca de jubilarse es la posibilidad de que la crisis les haga perder su trabajo con la consiguiente bajada de ingresos. Además, aquellos afortunados que tienen dinero invertido en bolsa y que necesiten liquidez podrían deshacer posiciones, pero lo harían en el peor momento, asumiendo una drástica bajada de la rentabilidad de sus acciones provocada por el desplome de los mercados en el último mes.
«El coronavirus también ha infectado a las bolsas que baten récords a la baja. Cualquier crisis anterior queda superada por los efectos que esta ha tenido en los mercados financie
ros, por lo que un trabajador que esté a punto de retirarse y necesite liquidez se verá obligado a asumir pérdidas importantes en su inversión. Si puede esperar a vender sus acciones, debería hacerlo», apunta Roberto Pereira.
Otra opción que tendrían aquellos que sean partícipes de un plan de pensiones y que se vean afectados por un ERTE es rescatarlo. Esta medida, adelantada por INVERSIÓN, fue anunciada el martes por el Consejo de Ministros y pretende otorgar liquidez a los más perjudicados económicamente por la pandemia.
Con ella el Ejecutivo ‘mata dos pájaros de un tiro’: adelanta en cinco años la posibilidad de recuperar las aportaciones y los rendimientos generados por los planes de pensiones con al menos diez años de antigüedad, prevista para 2025, y gana una batalla en su lucha contra este producto de ahorro que no le gusta y al que prevé reducir sus incentivos fiscales.
Pero, aunque esta medida ha sido aplaudida por la mayoría de los expertos, porque sirve para solucionar la urgencia de muchas familias, de cara a la jubilación es evidente que tendrá un impacto. Alguno hablan de pan para hoy y hambre para mañana ya que los afectados por un ERTE contarán con menos capital cuando se jubilen. Además, «los planes de pensiones son financieramente eficientes en el largo plazo», asegura Gregorio Gil de Rozas, director del área de Retirement de Willis Towers Watson en España.
¿De dónde saldrá el dinero para las pensiones?
Esta es la gran pregunta que se hacen pensionista y trabajadores. A corto plazo, y para salir del paso, tendrán que producirse nuevos préstamos de la Administración General del Estado a la Seguridad Social a través de los Presupuesto Generales del Estado para dotarla de suficiente liquidez y poder hacer frente a las obligaciones contraídas.
También podrán adoptarse medidas como excluir de la caja de la Seguridad Social aquellas prestaciones que tienen una carácter más social y menos laboral, como las de viudedad u orfandad. Aun así, «no será suficiente, por lo que deberán plantearse otras medidas para obtener ingresos extraordinarios como los impuestos finalistas», prevé Gonzalo Núñez.
Una medida que podría paliar en parte el problema sería bajar las pensiones, pero la
DATOS EN EUROS. FUENTE: MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES.
El pago de las pensiones contributivas en marzo alcanzó una cifra récord de 9.877 millones
descartan los expertos. «La reducción directa de la pensión a quienes la están percibiendo no parece posible, no solo por motivos de garantía jurídica y confianza en las instituciones sino porque tendría tal coste político que, aunque fuera preciso adoptarla, ningún Gobierno se arriesgaría a hacerlo», asegura Núñez. No obstante, no sería el primer Gobierno que lo hiciera. Muy próximo tenemos el caso de Grecia que durante la crisis financiera las redujo entre un 15 y un 40 por ciento.
Otra opción sería incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado, que aún no se han aprobado para este año, pero, según Gonzalo Núñez, no «supone ventaja alguna a la vista de nuestra experiencia acumulada».
Emitir más deuda pública es otra opción que tiene el Gobierno, según Jesús Pérez, pero «incidiría negativamente en la actual debilidad del equilibrio económico que sufre España».
Por ello, según los expertos, si hay que sanear y rescatar el Sistema de Seguridad Social -de hecho, ya se hace puntualmente mediante los préstamos que recibe- debería hacerse mediante un cambio de modelo que garantice su sostenibilidad futura, con medias que vayan desde el incremento de las aportaciones de las empresas y los trabajadores hasta la aplicación de un modelo como el de cuentas nocionales implantado en Suecia y en otros países de Europa. Aseguran que así «sí se lograría la supervivencia del sistema».