El pacto con Bildu y la crisis en la Guardia Civil desenmascaran a Sánchez
La enfermedad cede, pero el pacto con Bildu y los problemas en la Guardia Civil ponen en evidencia que el Gobierno no fue diseñado para afrontar una gran crisis
Amedida que el telón de la pandemia se ha ido retirando en los últimos días —porque los contagios han bajado, se han limitado al personal sanitario, las UCIs se vacían y la mortalidad cae —, la política vuelve a tomar su lugar en el primer plano de la actualidad española. Y lo que se ve es una realidad que deja mucho que desear.
Por un lado, un Gobierno diseñado para otras circunstancias, para jugar a la filigrana política, pero nunca para gestionar una pan
demia mortal, cuyo peso se ha depositado sobre los hombros del ministro Salvador Illa, un filósofo que representa la cuota del PSC en el Consejo de Ministros, al frente de un departamento diezmado. Con tan escasos recursos y habiendo perdido el mes de febrero para hacer acopio de recursos y de información, no es raro que el Gobierno haya tenido que recurrir al estado de alarma constitucional para recuperar por la vía del cerrojazo y del #quedateenecasa el tiempo que perdió admirando sus flamantes maletines ministeriales.
Conviene mirar a las portadas de la prensa de febrero para recordar en qué estaba España y el mundo antes de la pandemia.
El País: «El órdago de Inés Arrimadas: acercarse más al Partido Popular», «Teresa Ribera: ‘Me obsesionan los grandes incendios y la escasez y el exceso sucesivos de agua’», «La ley sobre la eutanasia se aprobará este año», «El Gobierno y la OMS ponen en cuestión el cierre del Mobile», «ERC allana al Gobierno el camino a los presupuestos».
El Mundo: «El Rey pide lealtad mientras los socios de Sánchez lo insultan», «Sánchez rehabilita a Torra y abordará la autodeterminación», «El Gobierno bloquea la investigación a Ábalos por el ‘caso Delcy’», «Podemos se preguntará a sí mismo en la sesión de control», «El FMI defiende la reforma laboral que Sánchez quiere tumbar», «Casado ofrece apoyar los Presupuestos para no depender de ERC».
Grandes líneas
Sólo en la última semana de febrero las bolsas mundiales comenzaron a inquietarse, las noticias de China eran que allí imperaba algo parecido a la ley marcial y en Italia sucedían cosas preocupantes. Todavía tendrían que pasar nueve días de marzo para que el Gobierno comenzara a tomar consciencia de la gravedad del coronavirus. Y catorce para que se dictara el estado de alarma.
Pero algunas de las grandes líneas de la legislatura ya estaban esbozadas. Su enfrentamiento con el funcionariado en todos los puntos de contacto (Fiscalía, Abogacía del Estado, fuerzas de seguridad, pero también con los cuerpos de élite de la Administración) con el fin de respaldar los deseos del Ejecutivo. La exuberancia irracional de asesores y cargos públicos de la mano de Podemos, los recién llegados a la Administración. La derogación de la reforma laboral del PP como consigna y el feminismo como marca registrada. Un gasto público desbocado y una disposición a regar con recursos fiscales a las comunidades autónomas y a quien fuera necesario.
El horizonte económico era una suave desaceleración y el único problema crítico era el asunto catalán, que empezaba a despejarse con la posibilidad de que Torra convocara elecciones tras anunciarse su inhabilitación inminente. Pero era crítico en una doble faceta: ERC, socio en la Generalitat, también era una pieza clave en el sostenimiento de la coalición de Sánchez.
El estado de alarma abrió un paréntesis notable. Pese a la gravedad de lo que se avecinaba, el presidente nunca hizo un gesto auténtico para construir un consenso en torno a la necesidad de la excepción constitucional. Podía haber recuperado la oferta de Pablo Casado de pactar los Presupuestos al margen de ERC para construir una mayoría, pero ni siquiera lo intentó. De paso, perdió el apoyo de los republicanos catalanes durante varias semanas.
Ciudadanos, ¿flor de un día?
El 25 de marzo, cuando Sánchez pidió la primera prórroga, contó con 321 votos a favor y 28 abstenciones. El 9 de abril, segunda prórroga, recibió 270 votos y 54 en contra (Vox y CUP). El 22 de abril, tercera ampliación, tuvo 269 síes y 60 noes. El 6 de mayo, en la cuarta prórroga, apenas 178 votos a favor, 97 abstenciones y 75 en contra. El 10 de mayo, para la quinta ampliación, consiguió 177 síes y 162 noes.
La oposición tampoco hizo mucha política en esta etapa. Vox, que realizó unas propuestas económicas al comienzo del estado de alarma, se pasó al no en la segunda prórroga y se echó al monte del que no ha bajado. El PP no fue capaz de articular en marzo y abril una posición constructiva que mejorara la gestión del estado de alarma. Sólo en la primera semana de mayo empezaron a hacerse propuestas, como la obligación de usar mascarillas, que ya formaban parte de lo evidente.
La sorpresa fue Ciudadanos que, con pocos escaños y con una lideresa a punto de dar a luz, apostó por apoyar a Sánchez aprovechando el hueco dejado por ERC. La operación, que comenzó en la cuarta prórroga, no parecía tener mucho sentido hasta que, en la quinta prórroga, el apoyo de Ciudadanos logró una concesión visible: Sánchez tuyo que abandonar su deseo de una ampliación de 30 días y conformarse con 15. En ese momento,
La oposición tampoco ha hecho mucha política durante la crisis, más allá del apoyo de Ciudadanos al estado de alarma
el espacio de Ciudadanos en el centro político creció, pero lo hizo más por el movimiento de Sánchez que por otra cosa. Es la primera vez en meses que Sánchez ha puesto fichas en ampliar el centro político y no en beneficiarse de la polarización.
Pero el gesto no duró nada. A las pocas horas del anunciarse el pacto con Ciudadanos se anunció otro con Bildu, que era innecesario para conseguir la prórroga del estado de alarma y que comprometía la «derogación integra» de la reforma laboral, cuestión que no guardaba relación con el estado de alarma. La reacción en contra de la patronal, de la oposición y de parte del propio PSOE fue inmediata. Un editorial publicado por El País para rechazar el acuerdo terminó por desequilibrar la balanza mediática y exponer las vergüenzas del Ejecutivo.
Sánchez salió del asunto como de costumbre, con su rostro inmutable y el ademán impasible. Mandó a la ministra Nadia Calviño a tranquilizar a los empresarios y a los dirigentes europeos y no contestó ninguna de las preguntas de los periodistas sobre el asunto y tampoco entró en las alusiones que le hicieron los presidentes autonómicos el domingo, donde la intervención más directa fue la de Iñigo Urkullu, su aliado, que declaró su «desconcierto» ante la maniobra con Bildu.
Crisis en la Guardia Civil
No acababa de digerirse el acuerdo con Bildu cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidió destituir al coronel Diego López de los Cobos, jefe de la Guardia Civil en Madrid, por «pérdida de confianza», provocando un conflicto entre dos poderes del Estado: el ejecutivo y el judicial. La paradoja es que Marlaska, exjuez devenido en político, conoce bien las prerrogativas judiciales a la hora de encargar actuaciones secretas a la policía judicial. Pese a ello, no tuvo escrúpulos a la hora de permitir que sus subordinados trataran por todos los medios de obtener la información que deseaba —un informe de la Guardia Civil sobre posibles delitos cometidos por el delegado del Gobierno en Madrid y el jefe del centro de alertas epidemiológicas en relación con la manifestación feminista del 8-M— porque al Gobierno le interesaba esa causa.
La decisión de Marlaska abrió una grave crisis en la Guardia Civil. Tras la destitución de Pérez de los Cobos, el director adjunto operativo, el general Laurentino Ceña, presentó su renuncia. El asunto adquirió tintes de humillación cuando en su primera comparecencia para dar explicaciones, el ministro de Interior anunció «el esfuerzo» del Gobierno para destinar 247 millones de euros a equiparar los sueldos de la Guardia Civil con los de las demás policías.
En la sesión de control del miércoles 27 quedó claro en el diálogo entre Sánchez y Rufián, portavoz de ERC, que el presidente del Gobierno quiere recuperar los mismos apoyos parlamentarios con que formó gobierno, convocando la mesa bilateral con la Generalitat cuanto antes. Sánchez quiere salir de este periodo excepcional y poder decir que ha recuperado a ERC y aquí no ha pasado nada.
Pero lo que no puede ocultar Sánchez es la evidencia que surge con más fuerza a medida que la pandemia va siendo sustituida por la crisis económica: ni el diseño del Gobierno ni el programa que Sánchez defendió en el Parlamento tienen nada que ver con las urgencias y necesidades de la España de hoy.
El Gobierno y el programa de Sánchez no tienen nada que ver con las necesidades de la España de hoy