La caja única de las pensiones corre peligro
La transferencia al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social podría romper el equilibrio del sistema
La transferencia del Gobierno central al Gobierno vasco de la gestión de las ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo, realizada a finales de junio, ha abierto la polémica sobre las consecuencias que puede generar la cesión al País Vasco de la gestión económica de la Seguridad Social prevista para el próximo año.
Esta es una reivindicación que el PNV lleva realizando desde hace más de 40 años y argumenta que se trata de una competencia recogida en el Estatuto de Gernika y refrendada por una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce al País Vasco el derecho a gestionar los fondos de la Seguridad Social.
Y los primeros pasos para ejercer este derecho ya se han dado con el traspaso de la gestión de las ayudas previas a la jubilación. Esta medida forma parte de un acuerdo alcanzado en febrero de este año entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lendakari del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, en el que establecieron un calendario para traspasar 30 competencias al País Vasco, entre ellas, la gestión económica de las pensiones, que empezaría a negociarse en el segundo semestre de 2021.
Aunque no se conocen los términos concretos de la cesión de competencias que se plantea realizar, esta trasferencia puede suponer el inicio del fin de la igualdad territorial de la Seguridad Social porque, entre otras cosas, posibilita al Gobierno vasco complementar determinadas pensiones por encima de las del resto del país.
Así opina Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, para quien ceder la gestión económica de las pensiones al País Vasco es un «gran error porque quebraría el sistema de solidaridad interregional de la Seguridad Social».
Y más cuando el acuerdo se ha tomado de forma bilateral entre los dos gobiernos, sin esperar las propuestas que está elaborando la Comisión del Pacto de Toledo para hacer sostenible el actual sistema público de pensiones, germen de la inminente reforma de las pensiones.
Un «tremendo error» con graves consecuencias
No solo los expertos en pensiones cuestionan esta medida, también desde la oposición al Gobierno lo hacen. María Muñoz, diputada de Ciudadanos, la rechaza porque considera que la protección que dispensa la Seguridad Social a los ciudadanos garantiza la igualdad de trato independientemente de donde vivan, por ello «que el Partido Socialista se preste a romper ese principio de igualdad, posibilitando que a los ciudadanos que residen en el País Vasco se les conceda un trato distinto respecto a los que viven en el resto de España, para contentar a los nacionalistas vascos con el apoyo en
María Muñoz, Ciudadanos
tusiasta de Unidas Podemos, es un tremendo error que puede tener graves consecuencias en el futuro».
Entre ellas, poner en jaque la caja única de las pensiones encargada de custodiar los ingresos por cotizaciones sociales del país para después repartirlos entre las comunidades autónomas según sus necesidades.
«Si el País Vasco se hace con la gestión de la Seguridad Social sería la antesala del fin de la caja única de las pensiones, que ha logrado gran parte de la vertebración social y económica de España en los últimos cuarenta años», asegura Jesús Pérez, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
Déficit crónico
No obstante, su deterioro no será a corto plazo porque la caja única está blindada por la Constitución que la considera indivisible y porque el Gobierno vasco no está interesado en reclamarla aún debido al déficit que acarrea en los últimos diez años la Seguridad Social, que en 2019 supuso el 1,3% del PIB, hasta alcanzar los 16.000 millones de euros.
Y parte de este déficit lo genera el País Vasco porque en materia de pensiones al Gobierno de Urkullu no le salen las cuentas. Son de las más deficitarias del país, con más de 2.500 millones de euros, solo superadas por Galicia, Cataluña, Castilla y León y Andalucía. Y en términos individuales el desequilibrio es de 4.564 euros por pensionista, más del doble que los 1.881 euros de media nacional, y solo superados por Asturias.
Estas cifras se deben a que Euskadi solo cuenta con 1,7 cotizantes por jubilado y tiene la pensión media más alta de España 1.256,11 euros al mes. Pero no es el único caso, ya que, excepto Baleares, Canarias, Madrid y Murcia, el resto de las comunidades no podrían hacer frente al pago de las pensiones si llegaran a asumir esta competencia.
El País Vasco tiene la pensión media más alta de España, 1.256 euros