La reforma de Mifid II penaliza al inversor
Relajar las exigencias de la directiva puede «desproteger» a los minoristas y «desregular» los mercados
La ansiada reforma de la directiva de mercados e instrumentos financieros (Mifid II) ha comenzado. Los encargados de dar el pistoletazo de salida han sido el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo al aprobar, a finales de febrero, la Directiva 2021/338, conocida como ‘quick fix’, cuyo objetivo es reducir la complejidad regulatoria y los costes de cumplimiento normativo que soportan las empresas de servicios de inversión derivados de Mifid II.
Con esta reforma disminuye la burocracia que rodea la aplicación de la directiva de mercados. «Se trata de una cura de adelgazamiento», asegura Fernando Zunzunegui, coordinador de regulación de EFPA España y socio fundador de Zunzunegui Abogados, ya que «al reducir la carga de cumplimiento normativo facilita el negocio de las gestoras y de los intermediarios financieros». Ambos sectores son los más beneficiados por la nueva directiva, ya que verán abaratada su actividad.
Al contrario que los inversores, a los que la reforma «les perjudica». Así al menos lo consideran los integrantes del Partido Socialista Europeo (S&D) de la Eurocámara, que votaron en contra de la directiva al considerarla un «apaño rápido» de Mifid II, «que utiliza la crisis del Covid-19 como tapadera para desregular los mercados financieros».
En opinión del europarlamentario Eero Heinäluoma, la nueva reforma «debilita las normas más estrictas que se pusieron en marcha tras las lecciones aprendidas después de la última crisis financiera».
Considera que con esta reforma «incluso se eliminan una serie de requisitos de transparencia y límites de posición en el mercado de derivados» y argumenta que ninguna asociación de inversores, ONG o think tank ha apoyado estas medidas «contraproducentes».
Cree que conceder exenciones sustanciales de lo establecido por Mifid II «debilita las normas que protegen a los inversores contra toda clase de ventas abusivas o inadecuadas». «Un paso así nunca está justificado, y mucho menos en tiempos de crisis», señala Heinäluoma.
Por su parte Fernando Zunzunegui reconoce que la «reforma reduce requisitos de transparencia en relación con los inversores profesionales y contrapartes elegibles». Lo más cuestionable, en su opinión, es que «equipare los clientes profesionales a las entidades financieras».
La ‘quick fix’ entró en vigor el 26 de febrero y debe trasponerse a los ordenamientos jurídicos de los países de la UE
Medidas más flexibles
La mayoría de las reformas que introduce la nueva directiva están dirigidas a flexibilizar las exigencias normativas en aquellos casos en los que los servicios se presten a clientes no minoristas, es decir, a inversores profesionales o a contrapartes elegibles, ya que una de las críticas que se hacía a Mifid II era que no tenía en cuenta las particularidades de cada tipo de inversor.
«Esto provocaba que, en lugar de mejorar la protección a los clientes minoristas, aquellos con menores conocimientos financieros y experiencia inversora, se obstaculizaba la prestación de servicios a
clientes profesionales y contrapartes elegibles imponiendo altas cargas administrativas», señala Maite Álvarez, asociada senior de finReg360.
En este contexto, la nueva directiva modifica el envío de información periódica a clientes profesionales o contrapartes elegibles, que en muchos casos se reduce e incluso se elimina.
Minoristas
La ‘quick fix’ incluye también cambios que afectan a los inversores minoristas, como el envío de información, que será en formato electrónico o en papel si así lo solicitan, o el envío de información sobre costes y gastos «que se podrá hacer inmediatamente después de concluir la operación, cuando se utilice un medio de comunicación a distancia para la distribución de instrumentos financieros que impida su entrega previa».
Estas dos modificaciones ya estaban recogidas en la normativa española del mercado de valores y, en la práctica, no suponen grandes cambios. Por lo que, a juicio de Maite Álvarez, «el impacto de estas modificaciones en las entidades cuyos servicios se dirijan a clientes minoristas será menor».
Pagar a medias el análisis
Entre las novedades más importantes se encuentra la posibilidad de que las entidades paguen conjuntamente por la prestación de servicios de análisis financiero y de ejecución de órdenes, si bien esta excepción al régimen del ‘unbundling’ -separación de costes de análisis y ejecuciónse limita al análisis de emisores cuya capitalización bursátil durante el período de treinta y seis meses naturales anteriores no haya sido superior a 1.000 millones de euros.
El objetivo de esta medida es aumentar la cobertura del análisis financiero respecto a las empresas de pequeña y mediana capitalización, de forma que mejore el acceso de estas a la financiación y a los mercados de capitales.
Otros cambios introducidos en la reforma están relacionados con exenciones en materia de gobernanza de productos, que favorecen la negociación con derivados sobre materias primas y derechos de emisión.
Las más beneficiadas por la reforma de Mifid II son las gestoras, que verán reducidos sus costes
También apoya el desarrollo de nuevos contratos de energía y excluye los derivados titulizados de la aplicación de los límites de posiciones y de los requisitos de notificación.
«Todas estas medidas son un anticipo de Mifid III y están pensadas para facilitar la recuperación de los mercados tras la pandemia y la transición hacia una economía sostenible. Es una liberalización del mercado que no debería olvidar los excesos cometidos que llevaron a la crisis financiera», advierte Fernando Zunzunegui, para quien con la nueva directiva los legisladores comunitarios hacen «autocrítica, al reconocer el exceso de papeleo derivado de la aplicación de Mifid II».
Folleto de la unión de recuperación
La reforma también modifica el reglamento de folletos y añade un folleto simplificado bajo la denominación de ‘Folleto de la Unión de Recuperación’, que recoge datos fundamentales y es fácil de analizar. Permite la incorporación de información por referencia y goza de pasaporte europeo.
«Se trata de un gran avance para facilitar la financiación de las pequeñas y medianas empresas mediante la emisión de acciones», reconoce Fernando Zunzunegui. En principio es una herramienta transitoria vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, pero es posible que si tiene éxito se convierta en permanente.
Por lo que respecta a la directiva ‘quick fix’, es aplicable desde el 29 de febrero. No obstante, tiene que ser traspuesta a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros de la Unión Europea, por lo que los beneficios que va a generar a las gestoras y a los intermediarios financieros tendrán que esperar.