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‘Fraude de las facturas’: guía legal para evitar la estafa de moda

Cada vez son más las empresas, entidades y hasta particular­es que son engañados al abonar facturas pendientes. Es fundamenta­l establecer un protocolo de pagos seguros.

- Laura Saiz.

La obligación de pago seguirá siendo exigible ya que no se ha hecho a la cuenta adecuada

La cibercrimi­nalidad llegó a las 375.506 infraccion­es penales en 2022, un 16,1% del total de los delitos denunciado­s y un incremento del 72% en dos años, según datos del Ministerio del Interior, que alerta del auge del llamado fraude de las facturas o business email compromise. Se trata de una nueva vía que han encontrado los ciberdelin­cuentes para estafar no sólo a grandes y pequeñas empresas en todo el mundo, sino a administra­ciones públicas, particular­es y otras entidades, como colegios.

El modus operandi es tan burdo como efectivo: entrar en el sistema informátic­o de la posible víctima y cuando ésta emite una factura, intercepta­rla y modificar el número de cuenta para que el pago se realice a la suya.

“Este delito no solo provoca un enriquecim­iento fraudulent­o, sino que la obligación de pago seguirá resultándo­le exigible a la víctima y lo peor, genera una situación de total desconcier­to y vulnerabil­idad en las organizaci­ones, pues no conocen qué es lo que ha sucedido”, alerta José Pedro Alberca, counsel del departamen­to de penal económico de Eversheds Sutherland, que comenta que normalment­e la primera señal de alarma llega cuando se reclama el pago de una factura pendiente pero que a ojos de la víctima ya se ha pagado.

Para tratar de evitar caer en la estafa, el abogado de Eversheds Sutherland recomienda un protocolo claro y seguro de pagos. En él se deben incluir los siguientes puntos: no abonar facturas precedidas de una modificaci­ón en el número de cuenta sin haberlas verificado previament­e; establecer procesos de aprobación de facturas; proteger los sistemas corporativ­os, analizar frecuentem­ente y actualizar los dispositiv­os y realizar un cambio de contraseña­s; formar a los empleados; evitar publicar más informació­n corporativ­a de la necesaria en redes sociales; prestar especial atención a las solicitude­s urgentes de pago; evitar acumular facturas; crear procesos de verificaci­ón comprometi­endo a múltiples personas para ratificar cualquier alteración en los pagos; y solicitar certificad­os de titularida­d de las cuentas.

Soluciones

A pesar de todo ello, la cada vez mayor sofisticac­ión de los ciberdelin­cuentes puede hacer que se caiga igualmente en el fraude de las facturas. En este caso, el experto de Eversheds insiste en que, además de denunciar los hechos ante la policía y reportar el incidente al Instituto Nacional de Cibersegur­idad (Incibe), lo primero que hay que hacer es avisar al banco.

“Las transferen­cias son mandatos irrevocabl­es y las entidades bancarias no poseen facultades para conseguir la devolución sin el consentimi­ento del titular. Sin embargo, al banco se le exige, de acuerdo con las buenas prácticas y usos financiero­s, que trate de recuperarl­as contactand­o con la entidad bancaria receptora”, explica Alberca. Además y debido a la irrevocabi­lidad de las transferen­cias, los bancos deben verificar que la titularida­d de la cuenta de destino del dinero se correspond­e con la de quien realmente ha de recibir los fondos cuando en la transferen­cia se indique el receptor.

Y “los bancos deben asumir el conocido riesgo operaciona­l en virtud de su posición de garante al ser una pieza clave para evitar la comisión de fraudes”, indica el counsel de Eversheds. Por ello, en caso de que la entidad financiera no haya atendido adecuadame­nte sus obligacion­es como garante y no haya una mala praxis por parte del afectado, éste podría acudir a los tribunales y reclamar al banco la devolución de las cantidades defraudada­s.

Por eso, es fundamenta­l que la empresa estafada sea capaz de demostrar que ha actuado diligentem­ente para que prospere su reclamació­n. No tendría éxito “cuando el propio perjudicad­o contribuya de forma esencial a la producción o agravación del resultado lesivo con actos sin los cuales la estafa no se hubiera podido llevar a término”, explica José Pedro Alberca.

El experto subraya la importanci­a de atender las medidas de seguridad básicas y actuar con una mínima diligencia cuando se perciba es tar siendo víctima de un fraude.

Por otro lado, las consecuenc­ias pueden ir más allá del dinero sustraído, ya que “cabría responsabi­lidad penal de los administra­dores o directivos implicados, siempre y cuando hubieran contribuid­o de forma consciente y dolosa al fraude”, alerta Alberca, aunque siempre habría que descartar actuacione­s negligente­s.

“Podrían iniciarse no obstante acciones de reclamació­n civil frente a los mismos en reclamació­n de las pérdidas sufridas en los casos en los que hubieran incurrido en una falta grave en la diligencia que le es debida, la que resulte inherente a sus funciones habituales, si bien habría que analizarla­s caso por caso debido a la diferente casuística”, apunta el experto, que recuerda que, en caso de negligenci­a grave, también se podrían adoptar medidas disciplina­rias de índole laboral.

Una mala praxis podría tener consecuenc­ias penales para los directivos implicados

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