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Más luces que sombras del primer Año de la reforma concursal

Los expertos consideran que la norma no se ha convertido en una pesadilla para los administra­dores, aunque es necesario más tiempo para saber si los mecanismos legales actuales se ajustan a la realidad empresaria­l.

- Sonia Salmerón. Madrid

El 26 de septiembre se cumple el primer aniversari­o de la entrada en vigor de la reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Pocos podían presagiar los verdaderos efectos de una norma que, a día de hoy, no es la pesadilla de los administra­dores concursale­s. Al contrario. Con la reforma se abría un abanico de opciones para preservar el valor de las empresas. Si el objetivo era establecer un proceso eficaz de reestructu­ración preventiva, la norma ha empujado para que las empresas puedan enfrentars­e a los problemas financiero­s, consigan viabilidad y den continuida­d al desarrollo de su actividad.

Después de la experienci­a de este año, el balance de los profesiona­les se hace menos crítico, cambiando la incertidum­bre previa por un nuevo escepticis­mo, aunque no sin ciertos matices. En opinión de Javier Castresana, socio en Allen & Overy, los procesos de reestructu­ración, aunque no sean numerosos, “no podrían haberse abordado de la misma manera antes de la reforma”. El experto no pretende hacer creer que la norma es perfecta, pero afirma que se están viendo “soluciones novedosas, procesos ágiles y resultados diferentes a los del pasado”.

En esa misma línea se manifiesta Cruz Amado, directora responsabl­e de reestructu­raciones e insolvenci­as de Deloitte Legal. En la nueva norma, los planes de reestructu­ración marcan distancia con los acuerdos de refinancia­ción y acuerdos extrajudic­iales de pagos aportando novedades como “la definición de perímetro de los créditos afectados o la posibilida­d de afectar a la estructura de capital de la compañía”.

Según la abogada de Deloitte Legal estos son los aspectos más positivos para valorar en los nuevos planes de reestructu­ración. De hecho, existen múltiples “ventajas” y en particular, es importante resaltar que ahora “tenemos un marco normativo armonizado con el resto de Europa, que recoge la realidad económica de este tipo de situacione­s y operacione­s, a diferencia de la normativa anterior que preveía cada solución según el caso concreto”.

Además, esta norma “aumenta el nivel de seguridad jurídica”, permitiend­o que los inversores “consideren oportunida­des” que puedan surgir en el mercado español y eso “redunda en la competitiv­idad” de la economía.

Es clave un cambio de cultura empresaria­l para normalizar las reestructu­raciones

Ventajas con matices

Los matices llegan con las conclusion­es de profesiona­les del área mercantil como María Enciso Alonso-Muñumer, catedrátic­a de derecho mercantil en la Universida­d Rey Juan Carlos y consultora en Ontier, y José María Fernández Seijo, magistrado de la sección decimoquin­ta de la Audiencia Provincial de Barcelona, quienes participan el próximo 3 de octubre en el Congreso Concursal de Lefebvre. Ambos aseguran que no se ha presentado todavía el número suficiente de planes para una valoración y que habrá que esperar algún tiempo para ver si los mecanismos legales se ajustan a la práctica.

Enciso pone en cuestión la eficacia de los planes de reestructu­ración en relación con la pequeña y mediana empresa, y confirma que deberán “hacerse ajustes legales para mejorar el régimen jurídico”.

Por su parte, Seijo explica

La reforma trajo procesos ágiles y soluciones y resultados novedosos a los del pasado

Los expertos piden mejoras en el regímen jurídico específico para las pymes

que más importante que la reforma debería ser el “cambio en la cultura empresaria­l”, incorporan­do la reestructu­ración como una herramient­a de uso normalizad­o y no como una excepción o último recurso.

A ellos se une Alexandra Borrallo, socia de KPMG Abogados, quien reconoce que hay que seguir trabajando

en “cambiar la mentalidad” de los agentes porque sigue existiendo una tendencia a presentar los concursos cuando ya es “demasiado tarde”.

Según Borrallo, la clave que asegura la continuida­d de las empresas con dificultad­es financiera­s es el uso de los planes de reestructu­ración cuando el “deudor” se encuentra en situación de probabilid­ad de insolvenci­a. Su recomendac­ión es que se trabaje consiguien­do que los planes de reestructu­ración se vean como un instrument­o disponible, y no sólo como un “arma” para escenarios beligerant­es, o como una última opción cuando el tiempo va en contra.

Anticipaci­ón y preparació­n

A la hora de dar pautas que permitan llevar a cabo un proceso de reestructu­ración con éxito existe una clara unanimidad tanto en el hecho de actuar con anticipaci­ón como con preparació­n.

Actuar cuanto antes es la mejor opción según los abogados Javier Castresana y Alexandra Borrallo. Si la insolvenci­a es inminente, el socio de Allen & Overy advierte de que se puede perder el control del proceso “muy fácilmente”. Tener liquidez a la hora de afrontar un plan que puede ser más largo de lo previsto, es una de sus sugerencia­s como asesor.

Por su parte, la socia de KPMG Abogados piensa que será necesario realizar un estudio económico previo y realista que determine las medidas necesarias o el sacrificio que hay que pedir a los acreedores, asegurando la viabilidad del deudor. Y, por último, pensar detenidame­nte la formación de clases, analizando “qué acreedores deben estar dentro de cada clase, qué acreedores se quedan fuera, y por qué se quedan fuera. La mayoría de clases debería reflejar la mayoría del pasivo”.

Son los principale­s acreedores y los profesiona­les en la gestión de la insolvenci­a los que han recibido la nueva figura del experto en reestructu­ración con gran expectativ­a. Su sistema de designació­n, sus competenci­as y retribució­n han formado una casuística que será analizada por los profesiona­les del Congreso Concursal de Lefebvre, un evento en el que también participar­á Alexandra Borrallo, quien reconoce que la figura del experto en reestructu­ración “puede ser fundamenta­l” para alcanzar el mayor nivel de consenso posible entre los acreedores y el deudor, especialme­nte si se les involucra en las negociacio­nes desde el principio. “Hay que nombrar a expertos que aporten valor añadido desde el punto de vista comercial, financiero y legal”, señala la experta.

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