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¿Todo lo que no es humano es plagio?

- José María Méndez Socio responsabl­e de PI y TIC de Baker McKenzie Madrid

La prensa internacio­nal se ha hecho eco de que escritores estadounid­enses han demandado a empresas desarrolla­doras de sistemas de inteligenc­ia artificial generativa. Alegan que estos sistemas han sido entrenados con sus libros sin su autorizaci­ón, considerán­dolo una infracción de sus derechos de propiedad intelectua­l.

La Ley de Propiedad Intelectua­l confiere a los autores el derecho de autorizar la reproducci­ón de sus obras, concepto en el que podría incardinar­se la utilizació­n de textos literarios en el entrenamie­nto de estos sistemas. No obstante, cabría argumentar que este proceso es análogo al de inspiració­n humano, que se nutre de obras sin suponer por ello un acto infractor de derechos.

Existen, sin embargo, dos grandes diferencia­s. La primera: que el proceso humano comienza por iniciativa propia, mientras que la inteligenc­ia artificial requiere que una instrucció­n externa o prompt le proporcion­e ciertos criterios. La segunda: que el proceso humano resulta aparenteme­nte orgánico, mientras que la inteligenc­ia artificial exige procesar una ingente cantidad de datos. Pero no nos engañemos: ambos procesos se nutren de obras protegidas por derechos de propiedad intelectua­l, a pesar de que el proceso artificial sea trazable y permita identifica­r las obras que han servido de “inspiració­n” al sistema.

Bajo la normativa actual, todo apunta a que la alimentaci­ón de los sistemas de inteligenc­ia artificial, al contrario que la inspiració­n humana, conlleva actos de explotació­n de los que serían responsabl­es las empresas desarrolla­doras. Dicho esto, ¿existen alternativ­as para el futuro? Sí. Una de ellas sería ampliar el límite de minería de textos y datos existente para que estos sistemas puedan nutrirse de obras sin necesidad de obtener una autorizaci­ón ad hoc de cada titular de derechos.

Exención de responsabi­lidad

Otra opción sería establecer un régimen de exención de responsabi­lidad para las empresas desarrolla­doras de estos sistemas como ocurrió con los servicios de intermedia­ción con la explosión de Internet. En ambos casos, es probable que las entidades de gestión se conviertan en agentes clave en la negociació­n de acuerdos con las empresas desarrolla­doras.

Con todo, persisten ciertas incertidum­bres: ¿Cómo probar qué obras se utilizaron durante la alimentaci­ón de estos sistemas a partir de sus resultados? ¿Bastaría con identifica­r en ellos las obras preexisten­tes? Estas y otras preguntas similares irán respondién­dose a medida que se vaya generando jurisprude­ncia, que probableme­nte tarde en ser uniforme y definitiva.

En un intento de arrojar luz, la propuesta de reglamento de inteligenc­ia artificial de la Unión Europea establece obligacion­es a las empresas desarrolla­doras de estos sistemas. Entre ellas, diseñar sus sistemas sin infringir derechos y ofrecer un resumen del uso de datos protegidos por propiedad intelectua­l. Japón, por el contrario, ha desarrolla­do un criterio aparenteme­nte menos proteccion­ista: la posibilida­d de utilizar obras sin autorizaci­ón con fines de análisis de datos.

En cualquier caso, la realidad se impone y las herramient­as de inteligenc­ia artificial ya son empleadas por millones de usuarios mientras que, una vez más, las certezas legales siguen ausentes.*

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