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Criptomonedas, tokens y NFT: así prepara Europa la regulación
La Unión Europea es consciente de la necesidad de regular el mercado de los activos digitales. Por ello, ya ha presentado una propuesta de legislación que está en plena tramitación, aunque el camino será largo y complicado.
Existen más de 17.000 tipos de criptoactivos diferentes. Actualmente el mundo virtual cuenta con criptomonedas, stablecoins, tokens digitales y tokens no fungibles (NFT), entre otros. Ante la explosión de emisión de este tipo de instrumentos financieros son mucho los organismos, nacionales e internacionales, que han insistido en la necesidad de disponer, lo antes posible, de un marco regulatorio.
Consciente de este problema, en septiembre de 2020 la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para la regulación de los mercados de criptoactivos, conocida como MiCA. Algo menos de dos años después, el pasado 2 de junio, mientras avanza la tramitación de esta misma normativa, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el reglamento sobre un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (TRD), que será aplicable, con carácter general, a partir del 23 de marzo de 2023.
Como explica Álvaro López Hernández, letrado del área de mercado de capitales de Uría Menéndez, “uno de los mayores desafíos que plantean los criptoactivos desde el punto de vista de su naturaleza jurídica es determinar si son o no instrumentos financieros. Un criptoactivo que sea un instrumento financiero será conocido como un security token. Buena parte de los criptoactivos que se emiten no se pueden considerar como tal, puesto que no cumplen ciertos requisitos necesarios para ello. Por lo que quedan fuera del marco normativo que regulan los instrumentos financieros, si bien podrán quedar regulados por MiCA, una vez que entre en vigor”.
Registro descentralizado
En este sentido, prosigue el experto, el último reglamento excluirá expresamente de su ámbito de aplicación a los instrumentos financieros que se definen en la directiva MiFID II.
Aquí es donde estaría la primera reforma, aunque sutil, de gran transcendencia: el nuevo reglamento modifica algo tan elemental como la definición de instrumento financiero contenida en MiFID II, para aclarar que podrán también considerarse los instrumentos que se hayan emitido mediante tecnología de registro descentralizado (TRD). Así, los security tokens quedarían regulados por la normativa tradicionalmente aplicable a los instrumentos financieros .
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta legislación no fue creada teniendo en cuenta la TRD y, por tanto, tiene determinadas previsiones que podrían impedir o restringir la emisión, negociación y liquidación de security tokens. Por esa razón, el nuevo reglamento crea un sandbox –un entorno controlado de pruebas–, para permitir que determinadas infraestructuras basadas en TRD queden exentas del cumplimiento de algunos requisitos previstos en la normativa del mercado de valores y, de esta manera, puedan desarrollar soluciones para la negociación y liquidación de operaciones con security tokens. Además, se imponen contramedidas para garantizar el correcto funcionamiento de esos mercados.
En definitiva, señala Álvaro López Hernández, se regulan el régimen de concesión de autorizaciones para operar este tipo de infraestructuras, las exenciones que podrán aplicar sus operadores y las condiciones y medidas compensatorias asociadas, así como el régimen de gestión y supervisión de dichas infraestructuras.
Beneficiarios
Pero, ¿quiénes podrán beneficiarse de este régimen piloto? La respuesta es simple: los sistemas multilaterales de negociación, los de liquidación, así como los sistemas de negociación y liquidación. En los tres casos siempre que estén basados en TRD y que hayan recibido una autorización específica para gestionar dicha infraestructura de acuerdo con el nuevo reglamento. Éstas deberán establecer un plan de negocio claro que detalle cómo se utilizará la TRD y los términos y condiciones de su aplicación, debiendo contar con sólidos sistemas informáticos y de ciberseguridad.
Además, y con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo para la estabilidad financiera durante la vida de este régimen piloto, únicamente podrán admitirse a negociación en infraestructuras basadas en TRD acciones de emisores con capitalización inferior a 500 millones de euros, bonos con un volumen de emisión inferior a 1.000 millones de euros y determinadas participaciones en organismos de inversión colectiva cuyos activos gestionados tengan un valor de mercado inferior a 500 millones de euros.
Como indica el letrado especializado en mercado de capitales, se establece un límite de valor agregado que cada infraestructura puede admitir a negociación o tener registrado, tanto en el momento inicial –6.000 millones de euros– como en cualquier momento posterior como consecuencia del aumento de valor de los security tokens en cuestión (9.000 millones de euros). Y, en caso de superar este segundo límite, deberá aplicarse una estrategia de transición a infraestructuras de mercado tradicionales.
Exenciones
Por otro lado, es importante destacar que el nuevo reglamento permite a las infraestructuras del mercado basadas en TRD solicitar exenciones de aquellas normas que limiten o impidan operar con security tokens, a cambio de la imposición de determinadas contramedidas.
Así no tendrán la obligación de intermediación, de tal manera que personas físicas y jurídicas puedan tener acceso directo para negociar por cuenta propia, siempre que cumplan determinados requisitos. Tampoco deberán cumplir la obligación de establecer procedimientos para prevenir y tratar fallos en la liquidación, siempre que la infraestructura basada en TRD permita conocer claramente los detalles de las operaciones y pueda evitar o corregir dichos fallos.
Por último, el experto de Uría Menéndez afirma que estas y otras exenciones y contramedidas “se aplicarán en función del tipo de infraestructura de que se trate y deberán ser en todo caso proporcionadas y justificadas”.
El reglamento crea un ‘sandbox’ para rebajar requisitos de determinadas infraestructuras
La Autoridad Europea de Valores tiene que hacer un informe sobre el régimen piloto
Futuro
El futuro de este régimen tiene una fecha clave: el 24 de marzo de 2026. Antes de esa fecha, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) deberá remitir un informe a la Comisión Europea sobre el funcionamiento del régimen piloto de infraestructuras de mercado basadas en TRD en toda la Unión, incluyendo, entre otros, información relativa al número de infraestructuras autorizadas, el valor de los security tokens admitidos a negociación, los tipos de tecnología empleados, principales riesgos, etcétera.
En el plazo de tres meses, añade López Hernández, “la Comisión deberá proponer al Parlamento Europeo y al Consejo la prórroga del régimen piloto durante un máximo de tres años, su ampliación a otros instrumentos financieros, su modificación, su conversión en un régimen permanente con las oportunas modificaciones a la normativa en vigor o su finalización, junto con todas las autorizaciones concedidas al amparo del reglamento”.
Juan Gonzalo Ospina
Juan Gonzalo Ospina es diputado quinto de la actual junta de gobierno que lidera José María Alonso y uno de los candidatos que, pese a no haber anunciado de forma oficial su candidatura, suena con más fuerza desde hace casi un año. Ospina dirige su propio bufete, Ospina Abogados, desde hace seis años y ya tiene experiencia institucional, ya que dirigió la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid.
Beatriz Saura es, por el momento, la única mujer al frente de una candidatura a dirigir el Colegio de Abogados de Madrid. Según ha confirmado a este diario, la socia directora de su propia ‘boutique’, Saura Legal, asegura estar formando el equipo con el que intentará vencer en los comicios de diciembre. Saura, especializada en derecho penal, es copresidenta de la sección de ‘compliance’ del ICAM.