Expansión C. Valenciana Int - Jurídico Int
El TJUE valida las ayudas públicas concedidas al Valencia CF
La Comisión declaró en 2016 que las medidas adoptadas en 2009 y 2010 constituían ayudas de Estado ilegales y ordenó su recuperación.
El Ejecutivo europeo invocó en su recurso una interpretación errónea del concepto ‘ventaja económica’
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha validado como legales las ayudas públicas que el Valencia CF recibió entre 2009 y 2010 del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que la Comisión Europea había considerado ilegales en 2016, por lo que exigía 20,4 millones de euros al club en concepto de multa.
En efecto, la corte europea ha rechazado el recurso interpuesto por la Comisión que pedía que anulara la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 2020 en la que se indicaba que el Ejecutivo comunitario había cometido diversos errores manifiestos de apreciación en relación con el aval concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas (en 2009 este organismo otorgó a la Fundación Valencia, vinculada al Valencia CF, un aval para un préstamo bancario de 75 millones de euros), así como el incremento del aval (6 millones de euros más) decidido en 2010.
En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invocó un motivo único, basado en la interpretación errónea del concepto de “ventaja económica” con arreglo al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE).
El TJUE confirma en su escrito el fallo del TGUE y explica que la Comisión, al adoptar la comunicación sobre la supuesta ilegalidad de las medidas, se impuso la obligación de comprobar si “existe” una prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros y, en su defecto, si “existe” un precio de mercado de un préstamo similar no avalado, antes de recurrir al tipo de referencia.
Carga de la prueba
En lo que se refiere a la carga de la prueba y al deber de diligencia que incumben a la Comisión en cuanto a la demostración de la existencia de una ventaja, el TJUE recuerda que la carga de la prueba recae sobre el Ejecutivo comunitario teniendo en cuenta en particular, la información facilitada por el Estado miembro de que se trate, de que no concurren los requisitos de aplicación del principio del operador privado, de modo que la intervención estatal en cuestión confiere una ventaja.
Así pues, la Comisión debía llevar a cabo una apreciación global teniendo en cuenta cualquier dato pertinente en el caso concreto que le permitiera determinar si era manifiesto que la empresa beneficiaria no habría obtenido facilidades comparables de tal operador privado.
La corte europea afea que el Ejecutivo no verificó si existía ninguna prima de garantía de referencia correspondiente ofrecida en los mercados financieros y únicamente dedujo, por propia apreciación, que como el Valencia CF estaba en crisis en el momento de la concesión de la garantía no sólo que ninguna entidad financiera habría ofrecido un aval a favor de dicho club, sino también que debía excluirse que pudiera existir un préstamo similar no avalado.
El TJUE declara, por consiguiente, que la Comisión no demostró ante el TGUE que dispusiera de elementos de cierta fiabilidad y coherencia que le hubieran permitido afirmar que únicamente existía un “número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado” que “no proporcionar[ía]una comparación significativa” con el valor de referencia del precio de mercado de un préstamo similar no garantizado.
La corte europea subraya en su fallo que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el Tribunal General no le impuso obligaciones de diligencia y de carga de la prueba excesivas, sino que se limitó a declarar que no había satisfecho las exigencias que ella misma se había impuesto mediante la adopción de dicha Comunicación. Declaraba además que el TGUE no exigió que dicha institución aportara pruebas de la inexistencia de operaciones de naturaleza similar en el mercado, sino que se limitó a señalar que la Comisión no había fundamentado su conclusión.*
Según la corte, la Comisión dedujo que ninguna entidad habría avalado a un club en crisis