Retos pendientes en la regulación de las redes eléctricas

Las empresas que gestionan las redes de distribución, llamadas a tener un papel clave en el proceso de descarbonización, reclaman un marco regulatorio estable que facilite la viabilidad de las inversiones y la gestión eficiente de proyectos.

La electrificación es uno de los hitos clave para avanzar hacia la descarbonización de la economía. En este proceso, las redes de distribución deberán transformarse para ser inteligentes y converger hacia un sistema más eficiente, con menores costes y mayor fiabilidad. Sin embargo, aún existen asignaturas pendientes en el marco regulatorio para que esta transición sea viable, como se puso de manifiesto en el encuentro Las redes, elemento clave para la descarbonización, organizado por EXPANSIÓN.

Europa vive un contexto de crisis energética, marcado por la guerra en Ucrania y el incremento en los precios del gas y del petróleo. Ante este escenario, “hay que adoptar dos grandes medidas de forma urgente: la primera sería revertir aquellas decisiones que tomó el Gobierno durante la crisis energética y que son perjudiciales para la lucha contra el cambio climático”, planteó Jorge Sanz Oliva, director asociado de Nera Economic Consulting.

De este modo, incidió en que subvencionar combustibles fósiles es una medida que lanza señales confusas sobre los precios y redunda en contra de una economía descarbonizada basada en energías renovables, eficiencia y ahorro energético.

En segundo lugar, Sanz Oliva afirmó que “es necesario afrontar barreras de tres tipos que suponen un freno a la electrificación de la economía: fiscales, económicas y físicas”. Estas últimas son las redes, cuyo rol es fundamental para que la electricidad gane peso en la demanda final.

Debido a la transformación del sistema eléctrico, “vamos hacia un modelo de futuro caracterizado por la generación distribuida, la penetración de renovables y un papel distinto del consumidor ligado al autoconsumo”, coincidió Marina Serrano, abogada del Estado en excedencia y presidenta de la patronal eléctrica Aelec. Puesto que las renovables son intermitentes y plantean nuevas necesidades, la flexibilidad será básica, tanto en los mercados como en las redes.

Predictibilidad

Serrano apuntó que “esta transformación sólo puede llevarse a cabo con inversiones muy importantes en digitalización, ciberseguridad e innovación. Para ello, hace falta un marco claro, sobre todo de cara a la revolución que deben experimentar las redes de distribución”. En particular, se refirió al modelo de retribución de la distribución eléctrica: “Es necesario que exista predictibilidad en cómo se van a retribuir las inversiones, con criterios conocidos de antemano”.

En la misma línea, “la seguridad jurídica resulta imprescindible y, en este sentido, la situación actual en materia de redes es francamente mejorable”, aseveró Juan José Lavilla, letrado de las Cortes Generales en excedencia y fundador y director de Lavilla Abogados. El sector echa en falta que la regulación proporcione la visibilidad necesaria para activar inversiones y gestionar proyectos de forma eficiente. Los gestores de las redes, que son compañías reguladas, reclaman un marco estable y predecible que no se encuentre sujeto a vaivenes.

Los retrasos en la aprobación de las retribuciones y la falta de información destacan entre las barreras para estas inversiones, que tienen un efecto tractor sobre toda la economía. Como subrayó Lavilla, “la seguridad jurídica es importante desde el punto de vista de las nuevas normas, pero también respecto a la aplicación administrativa de las ya existentes”.

Pese a que los derechos de acceso y conexión concedidos en España se han multiplicado por siete en sólo cuatro años, en el último lustro apenas se han ejecutado proyectos renovables por una media de 3 gigabytes anuales. “Esto hace que la consecución de los objetivos sea muy difícil. Uno de los principales cuellos de botella para la tramitación ágil de los proyectos es el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, aclaró José María Barrios, socio de Deloitte Legal.

Asimismo, “es urgente adoptar medidas que eviten la caducidad en enero de 2023 de más de 100 gigabytes en proyectos renovables por no llegar a cumplir los hitos previstos en el Real Decreto-ley 23/2020”, señaló Barrios, que abogó por una ampliación en los plazos.