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Los abogados españoles más innovadores de Europa
Bruselas ha decidido tomar medidas drásticas contra los funcionarios de la UE que trabajan para empresas del sector privado mientras están de baja en la Comisión Europea (CE). De este modo pretende evitar las puertas giratorias que permiten a que algunos funcionarios alternen su trabajo con los bufetes de abogados y consultoras privados.
A los funcionarios que quieren tomarse bajas no remuneradas se les ha advertido de que no podrán representar a empresas privadas dado que va en contra de los intereses de la Comisión.
El nuevo régimen es un intento de restringir los conflictos de intereses que a veces surgen cuando los funcionarios se acogen a un programa de la CE que les permite disfrutar de bajas no remuneradas de hasta 12 años y trabajar en otro lugar, mientras mantienen su puesto en la UE. Aunque las limitaciones se aplicarán a toda la CE y a sus más de 32.000 empleados, adquieren especial relevancia en departamentos como los de competencia, servicios financieros y servicio jurídico.
La Comisión se ha enfrentado a las crecientes críticas del Parlamento y de otras instancias sobre la posibilidad de que sus empleados compaginen su empleo con el sector privado. Este año, la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, advirtió de que las instituciones de la UE “tenían un problema” en cuanto a la gestión de las personas que tienen un empleo público en la UE y en paralelo trabajan en empresas privadas, y que el fracaso en el control de esta práctica podría afectar a la confianza de los ciudadanos.
Denegado
La CE empezó a endurecer su política en julio del año pasado y, desde entonces, a algunos empleados de los que ya estaban de baja se les ha denegado el permiso para renovarla y se les ha dado un plazo para decidir si vuelven. En algunos casos, los funcionarios han impugnado la decisión y han planteado la posibilidad de emprender acciones legales porque consideran que la política es injusta. Según personas del entorno, casi todos los funcionarios a los que se les pidió que volvieran a la CE presentaron su dimisión.
La decisión de la Comisión de endurecer su política refleja la preocupación por el hecho de que los antiguos funcionarios que trabajan en la práctica privada acaben involucrándose en casos en los que los intereses de sus clientes difieren de los de la UE.
Se ha prestado especial atención a los traslados del personal de la división de competencia de la UE a los bufetes de abogados.
Carles Esteva Mosso, actual socio de Latham, se marchó de la Comisión en abril de 2021 y empezó a trabajar en junio del mismo año. Cecilio Madero se jubiló en mayo de 2021 y se incorporó a Clifford Chance, aunque ya ha dejado su puesto, que ocupó sólo por poco tiempo.
Unos meses después, Nick Banasevic, otro alto funcionario implicado en los casos contra Google y Microsoft, dejó la UE para incorporarse a Gibson Dunn. Ninguna de estas personas estaba en excedencia de la Comisión y el Defensor del Pueblo no encontró infracción alguna en la forma en que se gestionaron sus salidas. Los tres declinaron hacer comentarios.
Beneficioso
Los que se oponen al cambio de política de la UE creen que privará a los funcionarios de una experiencia real en el sector privado que puede ser beneficiosa cuando vuelvan a sus puestos en la Comisión.
En la división de competencia de la UE, los empleados que actualmente están de baja recibieron una carta a principios de este año en la que se les pedía que tomaran la decisión de volver o abandonar su puesto público para siempre. Uno de ellos reconoció que había sopesado la idea de demandar a la Comisión, pero al final decidió no invertir recursos en un proceso que probablemente sería largo.
La UE argumentó que “no es legítimamente posible” que una excedencia pudiera renovarse hasta 12 años .
Un portavoz de la CE dijo: “En principio, la Comisión prohíbe, durante la excedencia por motivos personales, las actividades externas cuyo objetivo sea representar intereses privados ante la CE, especialmente cuando las realizan bufetes de abogados o consultoras”.
La investigación realizada en mayo por el Defensor del Pueblo de la UE sobre este asunto concluyó que Bruselas “corre el riesgo de socavar la integridad de la administración de la UE si no se adopta una estrategia más contundente en relación al trabajo del personal en el sector privado”.
En el informe se pedía a la Comisión que prohibiera los empleos que plantean riesgos “que no pueden compensarse con restricciones o si éstas no pueden controlarse y aplicarse de forma creíble”.
La innovación ya forma parte del ADN de los despachos españoles, cuyos programas van consiguiendo cada vez mayor reconocimiento como ideas disruptivas que ayudan al sector a avanzar.
Pero no son los únicos. También van haciéndose un hueco cada vez más destacado los propios abogados, que compiten como iguales con sus colegas de despachos anglosajones, mucho más acostumbrados a liderar planes legales disruptivos. Entre ellos, Carolina Pina y Rosa Zarza, ambas socias de Garrigues, y Jesús Yáñez, socio de Ecija, se han colado en el selecto grupo de profesionales finalistas a nivel individual en las categorías en las que se dividen los prestigiosos FT Innovative Lawyers que otorga cada año el diario británico.
Carolina Pina es la representante de Garrigues en la categoría de Innovative practitioner. Socia desde 2005 del departamento de propiedad industrial e intelectual y una de las líderes de Garrigues Digital, cuenta con 30 años de experiencia en los que se ha especializado en gran variedad de asuntos desde derechos de autor, patentes, marcas hasta contenido digital. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y cuenta con un máster en derecho internacional y derecho comparado por la City of London Polytechnic (Londres) y un posgrado en dirección de asuntos públicos por Icade.
En esta misma categoría, Innovative practitioner, el otro representante español es Jesús Yáñez. Con más de 20 años de experiencia, es socio de riesgos, cumplimiento normativo, ciberseguridad, privacidad y protección de datos de Ecija. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y cuenta con un máster en derecho de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación por la Universidad Pontificia de Comillas y un curso superior en seguridad informática y sistemas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Rosa Zarza, por su parte, es la finalista por parte de Garrigues en la categoría de Intrapreneur de los FT Innovative Lawyers, cuyos ganadores se darán a conocer el 13 de octubre. La socia responsable del departamento de laboral de Garrigues, que también lidera el comité ESG y Garrigues Sostenible, ha desarrollado su carrera en Garrigues desde 1990, especializándose en los ámbitos del derecho laboral y de la Seguridad Social, especialmente en aspectos estratégicos en el ámbito jurídico laboral y de los recursos humanos. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster de especialización en derecho laboral por la Universidad Autónoma de Madrid.
La inquietud es que los exfuncionarios se involucren en casos que difieran de los de la UE