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Anulan una multa de 162.000 euros por un ERTE mal tramitado
Un juzgado de lo social de Madrid se percata de la falta de intencionalidad de la compañía y suprime la sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo.
La gestoría cometió un error al indicar la fecha de inicio del ERTE en la solicitud
El juzgado de lo social número 46 de Madrid acaba de anular una sanción de más de 162.000 euros impuesta por el Ministerio de Trabajo a una empresa de mensajería por el error que cometió al indicar la fecha de inicio de la solicitud de un ERTE de fuerza mayor por Covid para 26 de sus trabajadores.
Según puede leerse en la resolución del tribunal a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción contra la compañía por una supuesta infracción muy grave, al haber accedido de manera indebida a prestaciones de desempleo para sus trabajadores por declaraciones de datos falsos o inexactos en los documentos presentados para la tramitación ante la autoridad laboral. El organismo propuso una sanción de 6.251 euros por cada uno de los 26 empleados afectados.
La empresa, que presentó varios escritos de alegaciones que Trabajo desestimó, decidió acudir a la jurisdicción laboral para impugnar dicha resolución administrativa. El juzgado de lo social finalmente ha decidido anular la multa impuesta al dar credibilidad a los argumentos presentados por la compañía.
Efectivamente, la demandante expuso, como defensa principal, que nunca pretendió obtener prestaciones indebidas y que todo ocurrió por el “error en la indicación de la fecha de inicio del ERTE [el día 13 de marzo de 2020, en vez de 20 de marzo] por parte de la gestoría que tramitó la solicitud y que no procedieron a subsanar el error porque no tuvieron conocimiento de ello hasta la presencia del inspector en su centro de trabajo”, narra la sentencia.
El juzgado indica que, en este asunto, debe analizarse si la conducta de la compañía supuso una evidente “intención maliciosa de violar la norma” con la creación de una “apariencia de realidad” que permitiera la obtención de la prestación. Pues bien, el tribunal, tras el examen conjunto de la totalidad de las pruebas desplegadas en la vista oral, concluye “que no se ha acreditado la intención fraudulenta de la empresa para la obtención de prestaciones indebidas” y que resulta “verosímil que se produjera un error en la comunicación de la fecha de inicio”.
Según explica Ana Gómez, socia del área laboral de Ceca Magán Abogados, este fallo sirve de precedente y “da un respiro a las empresas y certidumbre jurídica en un tema de enorme relevancia como son los errores materiales al presentar solicitudes de expediente de regulación temporal de empleo”.
La letrada indica que esta sentencia recuerda que la Administración a veces es obstinada en sus planteamientos y que esta no puede multar de manera automática si decide que hay ese fraude sólo porque consta que los empleados estaban trabajando y al tiempo cobrando la prestación pode desempleo.
“El fraude para percibir prestaciones de Seguridad Social no se presume, sino que debe demostrarse por parte del Ministerio de Trabajo. La empresa también tiene la responsabilidad de demostrar ante el juez que existió dicho error –como, por ejemplo, una incoherencia de datos incluidos en las declaraciones y formularios presentados–, destruyendo la apariencia de intencionalidad maliciosa con el fin de defraudar, que es determinante para que sea válida la sanción de la compañía”, explica Gómez.
De hecho, insiste en que debe estudiarse absolutamente toda la información del caso y que, como ocurre aquí, el único problema fueron unos errores en la tramitación del procedimiento, que, en ocasiones, no es sencillo y conlleva, como en este caso, presentar muchos datos en un corto periodo de tiempo.
Este tipo de sentencia puede ser una base de certidumbre jurídica para las empresas