Europa puede tardar un año en quitar la inmunidad a Puigdemont
El PP pide reformar la ley para que un fugado no concurra como candidato
El PP contraataca a la mesa de negociación con ERC con una primera batería de iniciativas legislativas para retratar al PSOE en las votaciones en el Congreso. Y para seguir avanzando en la política de «servir de dique contra el secesionismo», según el discurso popular. Entre ellas estará la propuesta de una reforma de la ley electoral para que los «fugados» por los políticos catalanes que han eludido la acción de la Justicia contra el «procés», no puedan ser elegibles. El primer afectado sería Carles Puigdemont, una vez que desde Jxcat hayan advertido de que no descartan que pueda incluso convertirse en su candidato ante unas eventuales elecciones catalanas una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha otorgado la inmunidad. La justificación que dan es que debe ser el candidato porque es el «presidente legítimo», dentro de una dinámica que tiene sus implicaciones en la batalla que mantienen Jxcat y ERC.
La reforma busca poner coto a un marco legal que no impidió el «fraude» de que Puigdemont y los ex consellers de la Generalitat prófugos de la Justicia concurriesen a las elecciones europeas con el único objetivo de utilizar el Parlamento Europeo como plataforma para su batalla contra los tribunales españoles, y no por ejercer como representantes de España y de sus intereses en la Eurocámara. El mismo sentido tuvo la candidatura de Junqueras. La proposición de ley que registrará el PP en la Cámara Baja podría impedir que Puigdemont se presentase como candidato a la Generalitat si se apruebaantesdequeseconvoquen las elecciones catalanas.
La iniciativa del PP, como todas las que acaben formalizándose en esta materia, contrastarán el cambio de bloque del PSOE frente a la acción concertada de los partidos constitucionalistas, o al menos ésta es la intención del PP. Y también también servirá para medir las fuerzas dentro del bloque constitucionalista entre el PP y Vox. Ayer fue el primer día de las convocatorias en la calle del partido de Santiago Abascal para protestar contra el nuevo Gobierno socialista y su pacto con ERC. Su seguimiento fue bastante discreto, y no contó con el respaldo ni de los populares ni de Ciudadanos.
Por otra parte, Casado presidirá hoy la Junta Directiva Nacional del PP que fijará discurso y estrategia para esta nueva etapa. El debate más de fondo quedará para el almuerzo que Casado celebrará después con sus «barones», cita que ha convertido ya en una tradición después de cada una de las reuniones del máximo órgano de dirección del partido entre congresos. Casado y sus dirigentes autonómicos contrastarán sus posiciones sobre por dónde debe orientarse la oposición a Pedro Sánchez.
Dentro del Partido Popular no hay discusión sobre la estrategia de utilizar todos los instrumentos parlamentarios y judiciales al alcance para actuar contra la exigencia de ERC de «desactivar» a los tribunales en los juicios pendientes contra el independentismo. Y también para mermar el alcance del «desistimiento» de la diplomacia española en Europa contra «la nueva ofensiva de internacionalización» del secesionismo a rebufo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad de Puigdemont y Oriol Junqueras. Este «desistimiento» lo explican los populares en que es inviable mantener el relato contra el «procés» una vez que Pedro Sánchez ha optado por blanquear a ERC, con su líder condenado por sedición, para poder sacar adelante su investidura.
El perfil del nuevo Gobierno, sin guiños explícitos al independentismo, no tranquiliza al principal partido de la oposición, donde están convencidos de que la «política de apaciguamiento» de Sánchez para aprobar su investidura no se queda en lo gestual, sino que exigirá «nuevas cesiones concretas para que la Legislatura pueda realmente echar a andar con la aprobación de unos nuevos Presupuestos».
El debate sobre las formas y la necesidad de marcar distancias con Vox no limitará hoy el cierre de filas del PP con Casado ni tampoco la confirmación del principal partido de la oposición de erigirse en «resistencia» contra Sánchez en «la defensa del Estado de Derecho y del actual Estado autonómico». Ayer, en una entrevista en este periódico, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,
advertía de que las comunidades también tienen sus mecanismos para resistirse contra cualquier planteamiento que rompa con el principio de multilateralidad y con la obligación de respetar el principio de que las cosas que afectan a todos los españoles debe discutirse entre todos.