Arranca la contrarreforma sanchista

Está en marcha un cambio de paradigma democrático que erige al Gobierno como el gran hermano que concede derechos que ya son de los españoles. En ese tránsito se finiquitarán las grandes reformas que permitieron sobreponernos a la crisis»

PedroPedro Sánchez parece dispuesto a dar la vuelta a España como a un calcetín. Sus primeros pasos tras la investidura abundan en sus intenciones de siquiera respetar mínimamente la institucional id ad como cualidad de la democracia. Ayer, quebró la tradición de acudir a Zarzuela para comunicar en persona al Rey los nombres de sus ministros. Los gestos delatan. El jefe del ejecutivo los anunció en una comparecencia pública en la que habló de «la legislatura del diálogo» en una «España de moderación y no de crispación». En otro de esos requiebros en los que es un maestro, Pedro Sánchez presentó a su equipo de coalición con los comunistas, con el apoyo de los independentistas catalanes, soberanistas vascos y proetarras, como una apuesta moderada. No lo parece, porque no lo es. Ni tampoco la agenda del proyecto para la nación que es por encima de cualquier otra consideración un programa frentista e «ideologizante» al servicio de un proceso disolvente de sustitución del orden social. Un proyecto cesarista que no responde a una demanda cívica porque, entre otras cosas, no fue con el que se presentó a las elecciones ni lo que los españoles votaron. Ni en lo económico ni en lo político ni en lo cultural ni en lo moral ni en lo relativo a los derechos y principios básicos en torno a la libertad y la igualdad. Senos presenta una política económica de tics intervencionistas contra el mercado y expansiva, de gasto público desorbitado (aumento en 23.000 millones) para atender la subida de los sueldos públicos, las pensiones vinculadas al IPC, el Salario Mínimo y resto de partidas con que cebar el clientelismo subsidiador. Frente a ello, la necesidad de enviar a Bruselas un Presupuesto con un recorte de 10.000 millones para paliar el riesgo de déficit excesivo, así como la vorágine descontrolada del endeudamiento. Se pretende cuadrar el círculo con el anunciado impuestazo a los ricos y las grandes empresas, pero esos cuentos de la lechera sólo encajan en la propaganda oficial. Es literalmente imposible que los ingresos previstos por esos conceptos compensen la fiesta que se prepara en los ministerios. Es, por tanto, seguro que la verbena financiera correrá a cargo de la clase media y trabajadora y los autónomos. La podemización de España se cimentará también, según los planes revelados, en una sobredosis de ideología de género que lo impregnará todo gracias al tsunami de euros con que se regarán esas políticas mientras las mujeres seguirán siendo asesinadas, en el peor de los casos, o mal atendidas, en el mejor, sin que nadie ose a fiscalizar una legislación que ha rendido resultados insuficientes Hay que temer una cruzada contra la enseñanza concertada, que es por encima de todo, un ataque a la libertad educativa, como lo son a la libertad religiosa los discursos anticlericales y las amenazas sobre expoliar patrimonio de la Iglesia o la persecución a los religiosos que asisten a los enfermos en los hospitales públicos. Y en ese punto no podemos obviar las anacrónicas obsesiones lacistas de muchos de los miembros del gabinete. Tampoco tardará la ley de eutanasia mientras se desatiende la regulación de los cuidados paliativos. Importa más urgir la muerte que asistir la agonía. El catálogo de los «nuevos derechos» que integran esta involución es amplio, entre ellos que una niña de 16 años pueda abortar sin premiso de los padres, amén de varias vueltas de tuerca al guerracivilismo, la división de los españoles entre buenos y malos y los espasmos mordaza contra la libertad de prensa. Está en marcha un cambio de paradigma democrático que erige al Gobierno como el gran hermano que concede derechos que ya son de los españoles. En ese tránsito se finiquitarán las grandes reformas que permitieron sobreponernos a la crisis: laboral, pensiones, financiera... Es una contrarreforma en toda regla bajo los cánones de un frente popular interesado en destruir. El Estado de Derecho tiene contrapesos poderosos ante los desmanes que deberán activarse por una oposición leal a la gente y una sociedad civil comprometida con la democracia.