Cerco fiscal a las minutas de los abogados de oficio
Hacienda auditará los pagos del servicio de justicia gratuita La Intervención General del Estado investiga las irregularidades detectadas tras el «caso Gürtel»
El Ministerio de Hacienda auditará los pagos del servicio de Justicia.
El Ministerio de Justicia pretende poner coto durante la legislatura recién iniciada a las supuestas irregularidades que ha detectado en el servicio de asistencia jurídica gratuita, tras constatar que parte de los fondos públicos destinados a esta prestación se abonan incumpliendo la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en vigor. Por ello, los abogados integrados en el turno de oficio están con la mosca detrás de la oreja.
A finales del mes pasado, este colectivo mostró públicamente su disconformidad con su actual situación económica y profesional. Frente al Ministerio de Justicia, en una concentración convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), reclamaron a Dolores Delgado –la todavía ministra de Justicia en funciones hasta que haga el traspaso de su cartera–la totalidad de los pagos atrasados de los servicios prestados durante el pasado ejercicio, tanto por la función de justicia gratuita como por el resto de servicios prestados, y que habían sido denegados reiteradamente por el Ministerio, que defiende que una parte de ellos incumplen los requisitos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Esta situación ha sido la gota que ha colmado el vaso de un colectivo que cree que lleva demasiado tiempo siendo maltratado. Durante la última semana de 2019, la Intervención Delegada en el Ministerio de Justicia –el organismo que supervisa la legalidad de todos los gastos del departamento– pidió a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que auditara los pagos a la Abogacía del Estado por el servicio de asistencia jurídica gratuita.
Las irregularidades tienen que ver con la asignación de los fondos públicos destinados al pago de abogados de oficio que asistieron a personas que no tenían derecho a esta justicia gratuita, ya que este servicio únicamente puede ofrecerse a quien acredita insolvencia financiera o incapacidad para pagar unos servicios jurídicos privados. La Abogacía del Estado ya había detectado algunos casos en el pasado, pero lo que finalmente desembocó en la consiguiente investigación fue el «caso Gürtel». Algunos cabecillas de la trama, como Francisco Correa o Guillermo Ortega, y sus empresas disfrutaron de estos servicios sin tener derecho a ellos. En concreto, se ha puesto la lupa sobre los fondos públicos presupuestados para sufragar actuaciones de abogados cuyos clientes no tenían reconocido el derecho a litigar con cargo al Estado, ya que no está contemplado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ni por su Reglamento. Por eso, desde el pasado mes de octubre, la Intervención Delegada obliga a los colegios de abogados a presentar las certificaciones correspondientes que acreditan que a cada ciudadano asesorado por estos letrados se le había reconocido este derecho a través de la comisión de asistencia jurídica gratuita, el único órgano que, según la ley, puede hacerlo.
La Intervención Delegada también solicitó a la Igae que incluya en su plan de auditoría para 2020 los pagos que con anterioridad a estas supuestas irregularidades fueron realizados a la Abogacía por este servicio, con el objetivo de realizar todas las reclamaciones que sean necesarias con carácter retroativo.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia a LA RAZÓN, ya se ha procedido al pago de los más de cuatro millones de euros correspondientes al turno de oficio de 2019. Esta cantidad corresponde al 95% de lo reclamado por los colegios de abogados provinciales y regionales que no tienen transferidas las competencias de Justicia, y que presentaron las certificaciones correspondientes conforme a los criterios que establece la ley y el reglamento que regulan el derecho a la justicia gratuita.
Asociaciones y colegios de abogados ya han advertido al Ministerio de Justicia que no permitirán abusos y ni extralimitaciones de funciones, y exigirán el pago de las minutas que aún quedan pendientes, por lo que el nuevo titular de la cartera de Justicia, Juan Carlos Campo, deberá retomar el diálogo y la negociación.