Hasta un año en Europa a la espera del suplicatorio

La decisión sobre su inmunidad podría tardar un año

Hasta ahora, el nulo eco de las tesis secesionistas en la burbuja comunitaria habían propiciado palabras de reproche hacia el statu quo europeo. Aunque nada indique que las cancillerías europeas vayan a cambiar de opinión, la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE el pasado mes de diciembre - que ha permitido la presencia de Puigdemont y la Eurocámara- ha sido interpretada por el independentismo como una nueva oportunidad. «La Justicia europea ha hecho más por la resolución del conflicto que dos años de represión del Estado español», proclamó el ex president tras el fallo del alto tribunal europeo para después, acto seguido, volver a pedir a las instituciones europeas su intermediación en el procés.

Pero no sólo el independentismo está dispuesto a jugar sus cartas. El pasado viernes, el Tribunal Supremo pidió a la Eurocámara un suplicatorio para congelar la inmunidad de Puigdemont y Comín. Es un proceso que puede dilatarse meses e incluso podría llegar a un año, según los plazos manejados por los letrados de los políticos huidos. Aunque la inmensa mayoría de los suplicatorios suelen tramitarse en contra de los eurodiputados concernidos, la sensibilidad de este tema y lo heterogéneo de las fuerzas políticas europeas hacen que la incertidumbre sea lo nota dominante. Mientras el independentismo quiere convertir este trámite en un juicio político, Populares, Ciudadanos y Vox han emprendido una cruzada para contrarrestar este mensaje. El proceso consta de dos fases: primero, la comisión de Asuntos Jurídicos realiza una recomendación no vinculante tras haber deliberado en secreto y después la mayoría del Parlamento Europeo en sesión plenaria debe votar a favor o en contra. En la primera etapa, los eurodiputados interpelados pueden acudir a contestar preguntas y presentar información para su defensa. La suspensión de la inmunidad no supone la renuncia al escaño sino que permite la continuación de los procesos judiciales abiertos. En este caso, supondría reanudar las euroórdenes que pesan sobre Comín y Puigdemont.