ACUSACIÓN POPULAR VS DOLORES DELGADO
NuncaNunca se había dado el caso de que un fiscal de carrera que hubiera sido ministro fuera tras su nombramiento el máximo exponente de la carrera fiscal. Ahora sí. Dolores Delgado pasará de ser ministra de Justicia a fiscal general del Estado en escasos días, una clara injerencia de la política en la independencia del Ministerio Público. Todos los gobiernos de la democracia, incluso el de Rodríguez Zapatero, mantuvieron las aparentes formas de no mezclar política con justicia, de mantener la siempre aparente independencia judicial. Ni siquiera en la época más negra para las víctimas del terrorismo –la negociación Gobierno-eta entre 2004-2007– el entonces titular de Justicia Fernández Bermejo ocupó cargo dentro de la cúpula fiscal cuando dejó de ser ministro. Tampoco el que fuera fiscal general del Estado, Conde Pumpido, que prefirió ensuciarse la toga con el barro del camino en la nauseabunda negociación con ETA, ocupó cargo político posterior a su cese. Pero este Gobierno del segundo Frente Popular ya actúa como su antecesor, manipulando los poderes del Estado como ya manipuló el primero las fraudulentas elecciones del 36. Como Largo Caballero, Sánchez ha provocado un «giro bolchevique» del Partido Socialista y ha certificado lo que Alfonso Guerra ya dijo hace muchos años: «Montesquieu ha muerto». Pero esta vez de verdad, muerte sin resurrección. Sánchez se ha cargado la independencia de la justicia y ha degradado al Ministerio Público a cotas insospechadas de credibilidad. La Abogacía del Estado ha demostrado estar al servicio del poder con los presos catalanes. Ya sólo faltaba «domar» al Ministerio Fiscal. Delgado siempre afirma que las víctimas son su referente. Le falta añadir víctimas del franquismo, pero nunca las de ETA. Sin embargo, creo que Sánchez ha vuelto a «pinchar», pues el que fuera jefe de Dolores Delgado en la Audiencia Nacional durante once años, Javier Zaragoza, opina todo lo contrario que ella respecto a los dirigentes independentistas catalanes.
Surge, además, la necesidad desde la sociedad civil de impulsar más todavía la acusación popular, que puede sustituir a un Ministerio Fiscal que ceda ante las presiones de su fiscal general. Mi padre, siendo fiscal jefe de Andalucía, sufrió esas presiones cuando imputó a Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, o cuando investigó el macro-fraude del Plan de Empleo Rural de Andalucía. Nunca cedió. Quizás esa fama de independiente hizo que nadie le tentara con puestos políticos. Quizás por eso ETA pensó que iba a ser el siguiente fiscal general en el año 2000. De cualquier forma, en este próximo «bienio negro» del Frente Popular 2 debemos ser los movimientos cívicos los que impulsemos la acusación popular cuando veamos que la Fiscalía se rige más por el principio de jerarquía que por el de legalidad.