Socialistas y Justicia
Cabe presagiar que por las exigencias independentistas se vaya a la autonomización de la Justicia, lo que resucitaría nuestro más castizo caciquismo
LaLa historia de las relaciones del socialismo gobernante con la Justicia no invitan al aplauso. Me quedo en el momento presente, el de la España constitucional. Habrá que recordar la Ley Orgánica del Poder Judicial, ley con la que ese partido se apartaba del pacto constitucional arrojando a la Justicia a un desprestigio del que no levanta cabeza, ley que trajo no sólo la politización de su órgano de gobierno sino otras «joyas»: jubilaciones masivas, reinstauración del fracasado sistema de turnos de ingreso en la Judicatura o la creación de los magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos.
Fue una ley que prescindió de la eficacia al priorizar la idea de supremacía del poder político sobre el judicial. Que no lo lograse del todo no quita para que ese partido siempre evidenciase su recelo hacia la Justicia. Quizás la máxima expresión de esa actitud fue aquel bochornoso espectáculo que dio cuando se manifestó en pleno a las puertas de la cárcel de Guadalajara para aplaudir a sus militantes condenados por el Tribunal Supremo por terrorismo de Estado; o las constantes descalificaciones que sufrió la Justicia por parte de sus medios afines conforme iban descubriéndose los numerosos casos de corrupción: desprestigiarla y deslegitimarla fue parte de su táctica defensiva.
Como digo, que no lograse ese control queda en evidencia por los disgustos que los tribunales le han dado en estos años. Ahora es distinto al cogobernar con un partido comunista, a lo que se añade que el socialismo parece optar por el modelo estaliniano de Largo Caballero, con abandono de la socialdemocracia: aspectos sustantivos al margen, son dos formas de gobernar sin escrúpulos.
En el pacto de gobierno entre esas fuerzas el único punto relevante sobre la Justicia se refiere al acceso a la Judicatura, presentado bajo el señuelo de la «modernización», un eufemismo que apenas esconde lo siempre pretendido: que al juez se le seleccione más por su tendencia ideológica que por su formación jurídica. Con tal planteamiento los conocimientos jurídicos sobran, por eso se pretenderá suprimir o diluir las oposiciones, sistema que ha demostrado su idoneidad para seleccionar imparcial y objetivamente a los futuros jueces, atendiendo a los conocimientos jurídicos y que hace que el nivel formativo de nuestra Judicatura esté muy por encima de otros países de nuestro entorno. Y cabe presagiar que por las exigencias independentistas se vaya a la autonomización de la Justicia, lo que resucitaría nuestro más castizo caciquismo.
Con todo lo peor de este panorama es en lo que se inspira: si se quiere manipular el sistema judicial para apartarlo del modelo constitucional –jueces independientes sujetos al imperio de la ley– es porque en lo que no se cree es en el Estado de Derecho, increencia que nuestra clase gobernante –y la mayoría parlamentaria que le apoya– no ocultan: a lo dicho en los últimos meses o en el mismísimo debate de investidura me remito.
Lo triste es que esta forma de entender el Estado de Derecho y la independencia judicial ha creado escuela y las fuerzas conservadoras lo han asimilado. Ahí está la negativa popular a suprimir el Cuarto Turno o a despolitizar el Consejo General del Poder Judicial o su disposición –que se abortó– a facilitar la descentralización de las oposiciones.
Y no sólo el conservadurismo político, también el mediático. En los últimos meses, tras las sentencias más sonoras del Tribunal Supremo, desde los medios conservadores se nos insultaba; ahora, tras las últimas resoluciones todo son alabanzas; es más, recuerdo al director de un diario, monárquico de toda la vida, insinuando que éramos corruptos y ahora, cuando resolvemos conforme a sus apetencias su diario ensalza nuestra independencia. Y así no pocos columnistas.
Con este panorama llega un nuevo ministro de Justicia, un magistrado de gran valía profesional. Coincidimos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le recuerdo como un negociador duro así como un buen conocedor de la Justicia y de sus necesidades; y lo que no puedo negar es que, al margen de su claro compromiso político, dio muestras de algo muy necesario siempre y más ahora: sensatez y sentido común. Ojalá estas sigan siendo sus coordenadas en un gobierno más que complejo y con apoyos poco deseables.
Jubilaciones masivas, reinstauración del fracasado sistema de turnos de ingreso en la Judicatura o la creación de los magistrados propuestos por los parlamentos autonómicos»