EL CASO DELGADO

El nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, ha creado una gran controversia en el ámbito judicial, político y en el seno del mismo ministerio público. Algo plenamente justificado, puesto que con esta designación, el Presidente Sánchez desmiente rotundamente cuantas afirmaciones ha proclamado de palabra y por escrito acerca de la autonomía exigible para la Fiscalía respecto del poder político. A estas alturas, no debería sorprendernos nada de lo que haga Sánchez, pues el adagio popular lo define claramente: «Quien puede lo más, puede lo menos». Quien ha incumplido todas las promesas y compromisos adquiridos, y actúa como Groucho Marx con los principios que afirma poseer, ha dado un paso significativo en esa dirección. Sánchez sabe que debe su puesto y su permanencia a los separatistas que están en prisión o fugados para eludir la justicia por los delitos cometidos, y que le han exigido, a cambio, resolver el «conflicto político» «desjudializando la política», para lo cual necesita una justicia politizada que lo permita. Las dos instituciones que lo dificultan son la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Conocemos lo que ha hecho con la segunda, y ahora le toca a la Fiscalía. Aunque no será fácil, en eso está y continuará mientras pueda: es su manual y concepto de resistencia. Verdaderamente, está en juego la misma subsistencia de la España constitucional y unida que conocemos, aunque pueda parecer increíble.