¿Esto es España o Polonia?

EsteEste pasado fin de semana decenas de miles de ciudadanos se echaban a la calle en Varsovia y en las principales ciudades polacas para defender al poder judicial de este país ante el permanente acoso y campañas de difamación del poder ejecutivo y el principal partido del Gobierno «Ley y Justicia». El clamor no era solo nacional, sino que tomaba tintes mucho más globales con la participación de jueces de 14 países europeos en defensa de la primera garantía de un Estado de Derecho, que no es otra que la división de poderes. La noticia puede parecer muy circunscrita al ámbito de una nación integrada en la UE en las últimas remesas de la ampliación y todavía, como la Hungría de Viktor Orbán asimilando los modos democráticos del club continental tras décadas de dictadura comunista. Sin embargo –y sin ánimo de establecer demagógicos paralelismos– lo que estamos viendo y oyendo en España durante los últimos días no se aleja demasiado de la imagen de un país donde esa división de poderes se muestra también amenazada por obra y gracia de un pacto de investidura con visos de recorrido como pacto de legislatura, que no ha dudado en situar bajo sospecha, con argumentos netamente políticos y partidistas, a instituciones como el propio Tribunal Supremo, al ministerio fiscal, a la abogacía del estado, a la junta electoral central y por extensión a una judicatura a la que el propio vicepresidente no ha dudado en calificar de «togados de ideología reaccionaria». A día de hoy se fía bastante lejana la posibilidad de ver a Madrid acogiendo una manifestación multitudinaria como la de Varsovia en defensa de la independencia judicial. Es más, resulta en cierto modo sorprendente la inanición con la que sociedad civil, fuerzas sociales y medios de comunicación contemplan unos gestos impensables hace unos meses, aunque tal vez cuando se quiera reaccionar sea ya demasiado tarde para volver a introducir en el tubo la pasta de dientes desbordada. Arremetidas como la del PSOE por boca de su portavoz parlamentaria Adriana Lastra contra la JEC, la «mano» del Gobierno sobre una más incómoda y acogotada que nunca Abogacía del Estado, o la condescendencia del propio presidente del Ejecutivo con quienes se pasan la justicia por el arco de las partes más delicadas –léase la anunciada reunión con el inhabilitado Quim Torra– quedaban como meras anécdotas comparadas con la confirmación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Una responsable de Justicia entregando la cartera ministerial a quien de inmediato la hubiera de nombrar máxima responsable del ministerio fiscal. La perversión de la medida –confieso que personalmente no daba crédito– contempla como máxima expresión la espantada del Estado en los procesos contra el independentismo dentro de ese mantra que hacen llamar «desjudicialización» del conflicto en Cataluña confirmando la idea de buscar para el puesto a un jurista con «marcado carácter político». No han decepcionado. Iñigo Alfonso ¿te enteras?