Ternera sopesa su entrega a España ante el «nuevo panorama»
El Gobierno vasco solicita medidas para los presos El Ejecutivo de Vitoria va a trasladar a Sánchez la petición, como primera medida del acercamiento de los etarras al País Vasco
Círculos próximos al etarra José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», se están planteando la posibilidad de que el terrorista no presente nuevos recursos ante la Justicia francesa y facilite de esta manera su entrega a España, donde sería juzgado por los crímenes que se le imputan.
Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, el cambio de postura del etarra estaría derivado del «nuevo escenario» que se ha abierto con la llegada del Gobierno de socialista que ha acordado, entre otras cosas, con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la transferencia de las competencias pendientes, entre ellas las de instituciones penitenciarias.
El traslado, más o menos progresivo, de los presos etarras a las cárceles vascas, en especial a la de Zaballa, en Álava, dará a los nacionalistas el control de dichos reclusos y la posibilidad de su excarcelación u obtención de permisos penitenciarios.
Una vez condenado, si es que los tribunales así lo deciden, «Ternera» sería uno más del Colectivo (de reclusos etarras), el EPPK, y estaría dentro del «paquete» de posibles beneficiados por las citadas transferencias.
En un artículo publicado en su blog el pasado fin de semana, el coordinador de Ehbildu y «factotum» de la izquierda abertzale (incluidos los presos), Arnaldo Otegui, escribía que el nuevo panorama político exigía «una revisión en términos constructivos de la política penitenciaria y un acuerdo sobre una hoja de ruta que ponga fin definitivamente a las consecuencias del conflicto en nuestro pueblo».
Para colmo, y en un claro mensaje dirigido a las asociaciones de víctimas y los partidos que las apoyan, señalaba que hay que contraponer a quienes desean «construir la convivencia en términos democráticos y quienes pretenden imponer un relato y una dinámica de humillación y venganza contra una parte sustancial de nuestro pueblo».
Es decir, que ETA no asesinó a nadie, que quienes recuerdan esos crímenes hacen un relato falso y que los que realmente dicen la verdad son los que fueron sus verdugos.
El miércoles de la pasada semana, el Tribunal de Apelación de París dio el visto bueno a la extradición de «Ternera» por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987, que causó 11 muertos, entre ellos seis menores de edad,.
Aunque su abogada, Laure Heinich, Heinich, anunció que tal decisión sería recurrida ante el Tribunal Supremo francés, el asunto, según los referidos círculos, se podría replantear en las próximas semanas.
Ayer mismo, sin dejar pasar muchas fechas desde la investidura, el Gobierno vasco planteó que se materialicen los acuerdos que firmó con el presidente Sánchez sobre traspaso de transferencias, entre ellas las de Instituciones Penitenciarias, tal y como adelantó LA RAZÓN.
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del ejecutivo autonómico vasco, Jonan Fernández, anunció que, en las próximas semanas, enviará al Gobierno una propuesta «actualizada» para trasladar a los 210 presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. La cifra real de reclusos es de 216. 155 están clasificados en primer grado; el resto, en segundo y sólo uno, Gorka Fraile, recientemente trasladado a la cárcel de Pamplona, en tercero. De éstos, 14 están expulsados del Colectivo que controla Sortu y Arnaldo Otegui, por no seguir sus órdenes.
«Hasta ahora se fijaba que, para acercar a los presos de ETA, era necesario, como condición previa, que éstos dieran unos pasos hacia la resocialización»; la Secretaría de Derechos Humanos, propone invertir los términos de forma que «para resocializar al recluso éste debe estar cerca» del País Vasco. Según Fernández, «esto no debe ser contemplado como un premio» a los presos de ETA sino como una forma de «hacer justicia a sus familiares y evitarles un sufrimiento que no deben de pasar». «Ahora hay un Gobierno tras mucho tiempo en estado de interinididad» y «se da la oportunidad y las condiciones para cumplir el espíritu de la ley», aseguró.