Una mordaza al Parlamento

SiSi bien es cierto que ni la Constitución, en su artículo 98, ni la Ley de Gobierno, en su artículo 5, establecen un día de la semana en concreto para la celebración de los Consejos de Ministros, también lo es que estas reuniones del Gabinete han venido celebrándose los viernes o los sábados desde, al menos, la II República, con todas las excepciones que se quieran oponer, –el primer Consejo de Ministros como tal tuvo lugar el sábado 22 de noviembre de 1823, en el reinado de Fernando VII– y esta costumbre, que pareciera consolidada, ha venido determinando el calendario de trabajo del Parlamento español, especialmente, desde la feliz recuperación de la democracia. De ahí que el traslado al día martes de la reunión de los ministros haya causado cierta perplejidad, aunque sólo sea porque las razones aducidas por el nuevo Ejecutivo de coalición no se tienen en pie. Se afirma desde Moncloa que el cambio pretende que el Gobierno pueda marcar la agenda política de la semana, que es, exactamente, lo que se hacía, y con ventaja, hasta el momento, lo que admite una segunda derivada menos bonita, puesto que se trataría de que la propaganda gubernamental que se vierte en la rueda de Prensa posterior –que se ha hecho dominadora desde que Pedro Sánchez preside los Consejos– tuviera mayor alcance mediático y no se perdiera en tráfago del inmediato fin de semana, cuando la mayoría de los ciudadanos desconecta de sus ocupaciones habituales. También podríamos apuntar una segunda causa, chusca si se quiere, en la tendencia social del «fin de semana largo», a la que, al parecer, nuestros esforzados ministros no serían ajenos. De hecho, desde sectores económicos de la izquierda progresista ya se habla de imponer la semana laboral de cinco días, como panacea, entre otras cosas, de la conciliación familiar y del reparto del trabajo. Y, sin embargo, ni el día libre extra en la práctica ni la mejor diseminación de la propaganda gubernamental justifican, como decimos, un cambio que afecta directamente al obligado control parlamentario de las actuaciones del Ejecutivo. Es especialmente perturbador en el caso del Senado, cuyas sesiones de control suelen celebrarse los martes por la tarde, porque deja sin margen de tiempo a los senadores de la oposición para inquirir y responder con conocimiento de causa a las decisiones que haya adoptado el Gabinete esa misma mañana, pero, también, afecta al Congreso, que solía fijar las sesiones de control para las mañanas de los miércoles. Tal es así, que se había habilitado una prórroga del registro de preguntas hasta la tarde del viernes, para que los parlamentarios pudieran incluir los asuntos tratados en la reunión del Gabinete. La cuestión tiene una solución sencilla, cambiar el calendario interno de las Cortes, pero, ahí, es donde, precisamente, han saltado las alarmas entre los principales partidos de la oposición. Porque tanto el PSOE como Unidas Podemos, que dominan la mesa de la Cámara, se han negado a llevar a cabo esas modificaciones, otorgando, como única gracia, que la sesión de control en el Congreso pueda pasar a la tarde de los miércoles en un futuro por determinar. Sin duda, estamos ante una nueva decisión del presidente Sánchez que tiene visos de autoritarismo y que, como en el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, puede interpretarse legítimamente como un intento de menospreciar desde el Ejecutivo a los otros poderes del Estado. El control de las acciones del Gobierno por parte del Parlamento es, por supuesto, una de las funciones básicas en una democracia que se precie y cualquier traba que se imponga a los representantes de la soberanía nacional debe ser firmemente rechazada. No es sólo un cambio de fechas, sino, mucho nos tememos, de talante político.

Estamos ante una nueva decisión del presidente Sánchez que tiene visos de autoritarismo y que, como el nombramiento de Delgado, puede interpretarse legítimamente como menosprecio a los otros poderes del Estado»