Francia quiere saber por qué los delitos no han prescrito
Las autoridades francesas han solicitado a la Audiencia Nacional más información sobre dos de las causas por las que está reclamado «Josu Ternera»: la abierta por delitos de lesa humanidad contra el ex jefe de ETA y la investigación por el asesinato, en junio de 1980, del directivo de Michelín Luis María Helgueta. En este último procedimiento, José Antonio Urruticoechea –detenido en Sallanches (Francia) el 16 de mayo del pasado año– fue procesado en septiembre de 2005 por un delito de asesinato terrorista por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En la documentación remitida a Francia en junio de 2019 reclamando su extradición, el magistrado ya dejaba claro que conforme a la legislación española «en ningún caso» los delitos han prescrito, como mantiene ante la Justicia francesa «Josu Ternera», que sostiene que la motivación de la demanda es «política».
Ahora, el juez español reiterará a las autoridades galas que las actuaciones se incoaron el 27 de septiembre de 1996 –después de que dos colaboradores del «comando» identificaran al ex jefe de ETA como la persona a la que entregaron una fotografía del empresario asesinado dos meses después–, «16 años, tres meses y dos días» después de los hechos investigados (el plazo de prescripción es de veinte años).
El 5 de febrero de 1997, la Fiscalía solicitó la práctica de diversas diligencias que no se llevaron a cabo hasta septiembre de 2002, «computándose así un plazo de paralización de cinco años, siete meses y 25 días». Dado que el auto de rebeldía se dictó el 29 de septiembre de 2005 –argumenta el juez Pedraz–, ratificado por la Sala de lo Penal de la Audiencia en abril de ese mismo año, desde entonces hasta que se cursó la orden internacional de «Josu Ternera» el 21 de mayo del pasado año «no ha transcurrido plazo de prescripción», dado que éste se interrumpe cuando el instructor dicte alguna resolución que suponga un avance en la investigación, como sucedió en este caso.
El juez Pedraz precisará las resoluciones que interrumpieron la prescripción del asesinato del empresario Luis María Helgueta en 1980